La presa de San José "no se toca": la justicia frena el avance inmobiliario en pro del cuidado ambiental en SLP

La presa de San José o como también le llaman Paseo de la Presa, en San Luis Potosí, estuvo a punto de perder su carácter de Área Natural Protegida, lo que había significado abrir la puerta a la especulación inmobiliaria y un daño ambiental irreversible.

Gracias al amparo promovido por la organización Cambio de Ruta A.C., se decreto que se mantiene vigente proteger el pase de la presa que cuenta con 344 hectáreas dentro del municipio capitalino.

El fallo confirmó la validez del decreto emitido el 5 de junio de 1996, con el que el entonces Gobierno estatal otorgó protección legal a esta zona estratégica para el equilibrio ecológico de la ciudad.

La resolución pone fin a un largo conflicto jurídico que inició cuando la comunidad de San José de Buenavista promovió una impugnación para dejar sin efecto dicha declaratoria.

De haber prosperado esa acción, el impacto habría sido severo: la eliminación de la protección ambiental habría abierto la puerta a desarrollos inmobiliarios, impulsados por intereses políticos locales, con el riesgo de un deterioro irreversible del ecosistema y de la pérdida de un espacio clave para la vida urbana y ambiental de la capital potosina.

Ante ese escenario, la organización Cambio de Ruta decidió intervenir por la vía legal.

A través de un juicio de amparo, no buscó cancelar derechos, sino defender el interés colectivo y el derecho humano de la población a un medio ambiente sano, utilizando las herramientas constitucionales para proteger un bien común.

Además de solicitar la ratificación del decreto, Cambio de Ruta exigió que las autoridades cumplieran una obligación que durante años fue ignorada: la elaboración y publicación del programa de manejo, documento fundamental para garantizar la conservación, regulación y uso responsable del Área Natural Protegida.

Luego de nueve años de litigio, el Tribunal resolvió de manera definitiva: rechazó la pretensión de eliminar la declaratoria ambiental, avaló la legalidad del decreto de 1996 y concedió el amparo a la organización civil.

Con ello, ordenó a las autoridades estatales y municipales emitir de inmediato el plan y programa de manejo, publicarlo oficialmente y ejecutar las acciones necesarias para su correcta aplicación.

El recurso legal promovido por Cambio de Ruta detuvo un intento de despojarla de su blindaje ambiental y sentó un precedente en la defensa jurídica del territorio.

La decisión representa una victoria ciudadana: asegura la preservación de un espacio vital para la ciudad, protege su valor ecológico y social, y garantiza que este entorno natural continúe siendo un patrimonio para las generaciones actuales y futuras de San Luis Potosí.