El tiempo que tarda un expediente en los tribunales no transcurre de la misma manera para una niña, un niño o un adolescente. Cada día puede representar cambios en su desarrollo, cuidados y vínculos familiares, advirtieron organizaciones y personas defensoras de derechos humanos durante una rueda de prensa frente al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí.
El colectivo Red Libres, llamó a las autoridades que intervienen en los procesos judiciales a colocar el interés superior de la niñez como eje de sus decisiones, particularmente cuando los procedimientos involucran separaciones familiares, recursos de amparo o cambios entre juzgados.
El pronunciamiento surgió a partir de un caso que involucra a un bebé que, de acuerdo con lo expuesto por la asociación fue separado de su madre el 1 de julio de 2026, cuando tenía siete meses y 21 días de edad.
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Desde entonces, señalaron, el asunto ha pasado por tres personas juzgadoras.
Existe una determinación judicial de restitución que fue controvertida mediante un juicio de amparo y, según lo expuesto durante la rueda de prensa, la madre continúa sin poder tener contacto con el menor.
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Más allá de determinar públicamente qué parte debe prevalecer en el litigio, las organizaciones plantearon otra pregunta: qué autoridad está verificando actualmente las condiciones en las que se encuentra el bebé y qué medidas se están tomando para proteger sus derechos mientras continúa el proceso judicial.
Piden que la infancia no quede “dentro del expediente”
Las organizaciones señalaron que el juicio de amparo constituye una herramienta fundamental para la protección de los derechos humanos, pero consideraron que la existencia de recursos judiciales no debe desplazar la obligación de atender las necesidades presentes de niñas, niños y adolescentes.
En el caso de un bebé, indicaron, la revisión debe considerar aspectos como su alimentación, los cuidados cotidianos, su desarrollo físico y emocional, así como sus vínculos con ambos progenitores y con la familia extensa, además de las posibles consecuencias de una separación prolongada.
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La corta edad de un menor y su imposibilidad de expresar verbalmente lo que necesita, señalaron, hacen todavía más necesaria la intervención de las autoridades y no deben convertir sus necesidades en un aspecto secundario dentro del procedimiento.
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La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce el derecho de la infancia a vivir en familia y contempla la protección de sus relaciones familiares.
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Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con un protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia, concebido como una herramienta para los asuntos en los que los derechos de menores participan de manera directa o indirecta.
Las organizaciones plantearon que esta perspectiva debe reflejarse en las medidas de protección y en la manera en que se desarrollan los procedimientos, y no únicamente aparecer como una referencia dentro de las resoluciones.
Más de 3 mil sentencias familiares en la capital
El llamado también fue acompañado de cifras sobre la dimensión de la justicia familiar en San Luis Potosí.
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De acuerdo con los datos citados durante la rueda de prensa, durante el periodo judicial 2025 los juzgados de primera instancia de la capital emitieron 3 mil 712 sentencias definitivas en materia familiar.
Las organizaciones señalaron que detrás de una parte de estos procedimientos existen familias y en numerosos casos, niñas, niños y adolescentes cuyos derechos requieren respuestas especializadas y oportunas.
También hicieron referencia a un diagnóstico sobre violencia contra la infancia realizado por organizaciones de la sociedad civil, según el cual entre 2020 y 2025 se identificaron 9 mil 853 carpetas de investigación relacionadas con niñas, niños y adolescentes.
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De acuerdo con las cifras expuestas, alrededor de 3.5 por ciento habrían sido judicializadas, mientras que entre enero y septiembre de 2025 se registraron mil 492 delitos sexuales contra menores.
Para las organizaciones, estas cifras muestran que las problemáticas que afectan a la infancia no se limitan a los juzgados familiares, pues también abarcan violencia sexual y familiar, dificultades para obtener medidas de protección, repetición de testimonios ante distintas autoridades y obstáculos para que la voz de los menores sea considerada.
El llamado también estuvo dirigido a quienes participan como representantes legales en conflictos familiares.
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Las organizaciones pidieron a las abogadas y abogados revisar si las estrategias utilizadas durante un litigio realmente protegen los derechos de niñas, niños y adolescentes o si terminan privilegiando la posición de los adultos involucrados.
Aclararon que la perspectiva de infancia no significa asumir automáticamente que una madre o un padre tiene derecho a la guarda, custodia o convivencia sin restricciones.
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Cuando existen posibles riesgos para la integridad de un menor, señalaron, las autoridades deben investigarlos, evaluarlos y determinar las medidas correspondientes.
El planteamiento central, insistieron, es que ninguna demora procesal debe hacer que las autoridades pierdan de vista qué necesita el menor y cuáles son las medidas necesarias para protegerlo durante el tiempo que dure el procedimiento.
Por ello, solicitaron fortalecer la coordinación entre juzgados, procuradurías de protección, fiscalías, defensorías y otras instituciones para conocer oportunamente las condiciones en que se encuentran niñas, niños y adolescentes.
También pidieron reducir demoras innecesarias y valorar de manera expresa el efecto que el paso del tiempo puede tener durante la primera infancia y la adolescencia, particularmente sobre el desarrollo y los vínculos familiares.
El mensaje final fue dirigido tanto a las instituciones como a los profesionales del derecho: los menores no deben ser tratados únicamente como partes de un expediente ni como elementos de una disputa entre adultos.
“Su tiempo también importa”, sostuvieron las organizaciones, al exigir que el interés superior de niñas, niños y adolescentes permanezca como una consideración permanente mientras se resuelven los conflictos judiciales que los involucran.
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