Pablo Navarrete Gutiérrez, consultor en género y derechos humanos de las mujeres, lanzó a los diputados locales la propuesta de retomar en su agenda legislativa una reforma que permita que los feminicidas pierdan la patria potestad de los hijos de sus víctimas, cuando son hijos de ambos.
Al respecto, Urenda Queletzú Navarro Sánchez, investigadora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), señaló que esta propuesta podría ser una opción sin que esto suponga una violación a los derechos de los padres.
“No se le está restringiendo la posibilidad de construir la paternidad con las o los menores. Lo que implica es nada más en términos de la tutela (...) quien tiene a los hijos a cargo del cuidado”.
Detalló que una propuesta en este sentido consideraría el interés superior de las niñas y los niños y puso como ejemplo una relación entre la víctima y el victimario en la que pudieron existir antecedentes de violencia que quizá llegaron a denuncias penales y civiles que derivaron en la restricción de la convivencia del padre con los hijos. Esto sería así dado que se estima que, jurídicamente, se estima más importante el desarrollo integral de las y los menores, “entonces estar expuestos a situaciones de violencia por más de que se trate de los derechos del padre; los derechos del padre no están por encima de los derechos de los niños, porque lo que se busca es que los niños puedan generar una situación de autonomía progresista”.
Agregó que una iniciativa así no se ha promovido, hasta dónde tiene conocimiento, en San Luis Potosí o en alguna otra entidad de la República, pero apuntó que de plantearse permitiría garantizar los intereses de las víctimas secundarias de los feminicidios que son los hijos e hijas, “creo que es el punto en donde se ha puesto el acento en el último año”, por lo que consideró que es una propuesta viable.
“Creo que no habíamos volteado a ver la otra cara de los feminicidios que es precisamente las víctimas secundarias que son los hijos, las hijas, la familia, etcétera, sino que hemos puesto el acento en garantizar el acceso a la justicia en los términos del reconocimiento del acceso a la verdad de lo que ocurrió en los hechos. Es decir, en recuperar memorias jurídicas de la víctima directa”.
maria.medrano@clabsa.com.mx
