Presupuesto detenido y refugios sobreviviendo con donaciones, reprocha comunidad LGBTIQ+ en San Luis

La exigencia de colectivos y organizaciones de la diversidad sexual en San Luis Potosí no surgió únicamente como una demanda política o simbólica.

Detrás de los llamados para contar con presupuesto público dirigido a la población LGBTIQ+ existe, aseguran, una crisis diaria que enfrentan refugios y espacios de acompañamiento que actualmente sobreviven gracias a donaciones voluntarias y apoyo ciudadano.

Integrantes de colectivos explicaron que el pasado 26 de abril un juez federal resolvió que el Gobierno del Estado y el Congreso local están obligados a crear y destinar una partida presupuestal específica para atender a personas LGBT+ en condición de vulnerabilidad, al considerar que la inexistencia de este recurso representa una omisión institucional y un acto discriminatorio.

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Sin embargo, señalaron que aunque ya existe una sentencia federal, el presupuesto todavía no está asegurado ni disponible para las organizaciones que brindan atención directa a la comunidad.

De acuerdo con activistas, lo único que actualmente existe es la resolución judicial que ordena generar y etiquetar ese recurso público, pero el dinero todavía no ha sido entregado ni incorporado de manera efectiva para la operación de programas y refugios.

La situación se complicó, indicaron, luego de que el 7 de mayo el Congreso del Estado promoviera un recurso de revisión para impugnar la sentencia emitida por el juez, lo que en los hechos mantiene detenido el cumplimiento del fallo mientras se resuelve el proceso legal.

Colectivos señalaron que esta decisión no sólo representa un retraso administrativo, sino que tiene consecuencias directas sobre personas que dependen de estos espacios de apoyo.

Refugios y organizaciones como ESCAS y Orquídea, explicaron, continúan operando principalmente mediante colectas, aportaciones voluntarias y apoyo comunitario, pese a que atienden necesidades urgentes relacionadas con alojamiento, alimentación, acompañamiento psicológico, medicamentos y protección para personas que enfrentan violencia, discriminación o abandono.

“Mientras la sentencia permanece detenida por el recurso legal, también se frena la posibilidad de que existan recursos para garantizar atención integral”, expusieron integrantes de la comunidad.

Las organizaciones cuestionaron además que sí existan recursos públicos para que las autoridades continúen litigando el caso, mientras sigue sin concretarse un presupuesto destinado específicamente para atender a población LGBTIQ+ en situación vulnerable.

Desde la visión de los colectivos, hablar de inclusión no puede limitarse únicamente a discursos institucionales o actos simbólicos, sino que debe traducirse en políticas públicas funcionales y acompañadas de financiamiento etiquetado que garantice resultados reales.

Por ello, exigieron presupuesto suficiente, transparente y específico para programas sociales, refugios y atención integral dirigida a personas LGBTIQ+, particularmente para quienes viven situaciones de vulnerabilidad.

También pidieron que el Gobierno del Estado, el Congreso y los municipios cumplan de manera efectiva sus obligaciones en materia de derechos humanos, evitando retrasos, simulaciones u omisiones institucionales.

Entre las demandas planteadas se encuentra además la creación de políticas permanentes que aseguren acceso digno y libre de discriminación a servicios de salud, educación, vivienda, empleo y justicia, así como mecanismos efectivos para prevenir y sancionar agresiones y crímenes motivados por prejuicio.