Aunque reconoció el derecho de los socios de plataformas de Empresas de Redes de Transporte (ERT’s) a manifestarse, la diputada Beatriz Benavente Rodríguez consideró que quienes tendrían que “pagar” las consecuencias de sus actos son los congresistas que aprobaron modificaciones al Código Penal y la Ley de Transporte del Estado que afectan a las citadas plataformas.
“Ellos serían los que tendrían que verse inmersos en esta situación de caos que se propició, que se generó desde el Congreso. Es el primer día después de la aprobación y ya hubo una consecuencia social; un caos vial”, agregó.
Benavente Rodríguez apuntó que lo que le toca no es hablar de las plataformas sino de la legalidad del hecho y aseguró que esta propuesta salió “en fast track” pues en reunión de las comisiones dictaminadoras se pidió el voto de confianza porque se mencionó que la propuesta ya estaba cabildeada, incluso sugirió que a través del “adendum” -una figura que no existe en la Ley Orgánica del Congreso del Estado- se agregaron aspectos de última hora al dictamen con intención de que los legisladores no se enteraran de lo que votarían.
La diputada pidió a sus compañeros “no esconderse y dar la cara”.
Anunció que se buscará la forma de impugnar el acto parlamentario ante el Tribunal de Justicia Administrativa, también señaló que la reforma surtirá efecto aproximadamente en enero.
Por ello hizo un llamado a quienes buscan trabajar en Uber u plataformas similares a iniciar sus trámites ya que aplica la ley vigente, también aclaró que esto no afectará a quienes ya cuentan con permiso.
Benavente Rodríguez dijo que también se plantean acciones de inconstitucionalidad, aunque apuntó que sólo cinco legisladoras: Marite Hernández Correa, Vianey Montes Colunga, María Isabel González Tovar y Consuelo Carmona Salas votaron en contra, y para promover una acción de inconstitucionalidad se requieren nueve votos y tendría que entrar en vigencia la norma para iniciar con estas acciones.
Otra opción para detener esta reforma es que Juan Manuel Carreras López imponga su veto constitucional y detenga la publicación de la misma.
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