Internos del penal de La Pila que llevan cabo el cumplimiento de su sentencia, han emitido una gran cantidad de quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), por considerar que se vulneran sus derechos para acceder a los beneficios de la libertad anticipada que se genera a través de las reglas del nuevo sistema penal, debido a que consideran que existe dilación en los jueces para desahogar estos pendientes, señaló la tercera visitadora del organismo, Susana Zavala Flores.
Explicó que el marco normativo dispone la ejecución de la privación de la libertad en aquellos delitos considerados como graves, pero en caso contrario, aquellos internos que consideren que pueden obtener la libertad anticipada, pueden a través de sus representantes legales, solicitarla aunado al cumplimiento de una serie de requisitos para que la autoridad judicial haga la valoración y se pronuncie al respecto, sin embargo ha habido quejas por la tardanza del poder judicial sobre el tema.
“Si tenemos bastantes inconformidades de algunas personas privadas de su libertad que consideran que sí cumplen los requisitos y que de parte de un juez, no han resuelto las procedencia, nosotros actuamos no necesariamente contra el juez, intervenimos por una inadecuada defensa o por dilación en procedimientos administrativos, y ahí pedimos que se agilice si cumple; si no los cumple, lo orientamos y le decimos que es lo que le falta para que obtenga su libertad”, señaló.
En torno a la condición que guarda centro penitenciario de La Pila, Zavala Flores dijo que de acuerdo a las evaluaciones hechas a través del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, el centro de reclusión se encuentra en fase amarilla de un eventual riesgo de contingencia o disturbios internos debido a que no tiene las suficientes condiciones de seguridad tanto para las personas que laboran, como para los propios reclusos, pues se necesita al menos 350 custodios para establecer un mecanismo de control adecuado.
Además, aun cuando el centro de reclusión no rebasa su capacidad, se considera que deben habilitarse áreas especiales para ocuparse de aquellos perfiles de mayor peligrosidad, y que no necesariamente deben estar involucrados con otros de menor peligrosidad o viceversa.
“Hay un reto grande por las condiciones que hay, se debe de trabajar sobre todo en el tema del fortalecimiento del personal para poder atender los servicios de seguridad al interior, es un tema delicado y preocupante porque esto se convierte en un foco rojo”, expuso la visitadora.
Agregó que aunado a este pendiente, el diagnostico establece que prevalece el co-gobierno, donde algunos grupos de internos, buscan apoderarse de algunos espacios, pero la autoridad interviene, aunque no con la presencia suficiente debido precisamente a que se requiere de más personal, ya que actualmente se encuentran trabajando poco menos de la mitad de esos 350 que se necesitan, finalizó.
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