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En 2011, una reforma en el Congreso de la Unión elevó a rango constitucional todos los artículos y disposiciones que se encuentren dentro de Tratados Internacionales firmados por la nación, y aunque desde antes la tortura ya estaba incluida dentro de los códigos penales locales, fue a partir de estas fechas que comenzó a dársele mayor seriedad dentro de los órganos de procuración de justicia locales.
De conformidad con el artículo 1º de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, a la cual México se ha adherido, se expone que debe entenderse estos delitos como todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido alguna acción de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación.
De acuerdo a cifras oficiales, desde hace una década a la fecha se han disparado los delitos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes en San Luis Potosí, esto según datos de la Procuraduría Estatal en Transición a Fiscalía General del Estado, en donde destaca que tan solo del año 2016 a 2017 se presentó un incremento de más de 381 por ciento.
Luego de una solicitud de información de un particular, la unidad de información de la dependencia presenta una tabla donde desglosa año por año desde hace una década el número de denuncias que se han recibido por el delito de tortura en la entidad potosina, desde 2006 hasta el año 2017 sin que se presenten datos sobre lo recibido en lo que va de 2018.
Se detalla que durante los años 2006 y 2007 no se recibió ninguna denuncia a este respecto, en 2008 y 2009 se recibieron una sola denuncia en cada año, en 2010 de nueva cuenta no se tuvieron denuncias, en 2011, 2012 y 2013 sólo una denuncia en cada uno de ellos, fue hasta 2014 cuando se recibieron cinco denuncias, en 2015 fueron ocho denuncias, al año siguiente ascendió a 16 denuncias en 2016 y para 2017 se catapultó hasta 77 denuncias.
vkc
