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El gobernador del estado Juan Manuel Carreras López, en el marco del evento de Responsabilidad Financiera y Rendición de Cuentas, expuso la importancia de contar con una “Memoria de corruptos”, de tal forma que se pueda identificar a los proveedores que han incurrido en irregularidades para que ninguna dependencia pueda contratarlos por alguna razón con dolo o sin él.
El mandatario señaló “tenemos que ser muy claros, me parece que todo esto empieza con las auditorias con el nuevo esquema legal y nuevas facultades de los organismos fiscalizadores y a partir de ahí se generan observaciones y a partir de ello derivan en procedimientos administrativos y posteriormente en responsabilidades de carácter legal”.
Subrayó que lo que se tiene que hacer es ir generando la participación con organismos ciudadanos como el Consejo Ciudadano de Transparencia, para que ellos puedan ir revisando el trabajo con toda la apertura, “a lo mejor un procedimiento de esta naturaleza puede parecer tortuoso pero se trata de que los organismos correspondientes hagan su trabajo de la mejor manera”.
Por su parte el titular de la Contraloría del Estado, Gabriel Rosillo Iglesias aseguró que en un país como México en donde gran parte de la economía es de carácter informal “cualquiera le puede pasar que por algún descuido se haya contratado alguna empresa que resulte que está en estos listados de que facturan operaciones simuladas que emitió el SAT”.
Añadió que de hecho la propia Auditoria Superior de la Federación les canalizó un listado de empresas con alguna irregularidad para verificar si se les ha adjudicado alguna compra, “la realidad es que ha sido mínimo y solo se ha identificado en dos casos, uno por 500 mil pesos en la Secretaría de Educación y otro por 27 mil pesos en el Periódico Oficial”.
Finalmente indicó que lo primero que se hace es que estas empresas ya no podrán hacer negocios con la administración estatal, posteriormente se verificará si el bien adquirido se entregó en efecto, y después si la compra fue resultado de algún tipo de omisión o en definitiva existió algún dolo, en donde sí pudiera recaer la responsabilidad sobre algún funcionario.
