Yolanda Pedroza magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, reveló que tras tres años de haber denunciado ser víctima de violencia y hostigamiento político en su contra, hasta la fecha los avances en la resolución de su denuncia son pocos y muy lentos.

Explicó que al interponer su queja en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en México fue remitida a San Luis Potosí, al considerar que era un asunto de competencia local, sin embargo, los dos magistrados involucrados siguen laborando sin problema alguno.

"Está en la fiscalía sin que hasta la fecha se resuelva, la averiguación está integrada, pero no se ha ejercitado la acción penal”, reveló.

Recordó que la demanda que interpuso fue a causa de los actos de hostigamiento que sus compañeros magistrados Roberto Garza y Oscar Calixto Sánchez, quienes se negaron a otorgarle información sobre los documentos que obran en el tribunal y posteriormente la acosaban luego de que ella alzó la voz.

“Pretendían que entrara a las sesiones sin conocer los asuntos que se iban a tratar, no se daba cuenta sobre las cuestiones administrativas del tribunal; cuestiones que sólo tienen que ver por el pleno las trataban ellos de forma individual. En el momento en que yo empecé a solicitar información y reclamé ser incluida en las sesiones de pleno, empezó un acoso, hostigamiento y amenazas al grado de que llevaron un Ministerio Público a mi oficina, posteriormente me cerraron la oficina sin que existiera una denuncia y pretendían fincarme un delito penal ", manifestó.

A pesar de considerar tener pocas expectativas de la resolución del conflicto porque no hay un mecanismo específico contra la violencia política, ya que no está establecida en la Ley con una sanción y un seguimiento que se debe dar, argumentó que su caso podría servir de ejemplo para otras mujeres que sean víctimas de casos de violencia política de género en el estado.

maria.hernandez@clabsa.com.mx

vkc

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