Tras la denuncia que Interapas presentó ante la Fiscalía General del Estado el pasado 23 de abril, en contra de la empresa AXIOMA Kasuri, este lunes el abogado que lleva el caso, Gustavo Barrera López, detalló que la querella presentada por la dirección general del organismo incluye dos delitos graves como el robo calificado y la asociación delictuosa, además del fraude genérico y simulado, peculado, distracción del fondo público, ejercicio abusivo de funciones y ejercicio ilícito de atribuciones. Puntualizó que la autoridad competente deberá investigar el destino de más de 249 millones de pesos por los servicios médicos-hospitalarios otorgados a dicha empresa.
Cabe recordar que de acuerdo a la denuncia, el organismo de agua potable de la pasada administración municipal cuadriplicó el cobro de los servicios médicos prestados a 385 de sus trabajadores, pues mientras en el año 2015 Interapas pagaba mil 238 mensuales por concepto de servicios médicos para cada trabajador, esta cifra incrementó a 5 mil 388 pesos mensuales en el periodo del 2016 al 2018.
Acompañado por el secretario general del ayuntamiento, Sebastián Pérez García y del titular del organismo intermunicipal, Ricardo Fermín Purata Espinosa; el jurista señaló que la pena pública solicitada no sólo comprende la cárcel y la restitución del dinero desviado, sino la suspensión o inhabilitación en caso de los funcionarios públicos.
Asimismo, ahondo que la querella es en contra de 60 personas físicas y 16 personas morales, en el caso de éstas últimas, en las más recientes investigaciones se detectó que AXIOMA KASURI de esa manera dispersaba los recursos, de ahí que se pidió la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, así como de la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera de la Fiscalía General de la Federación.
Barrera López destacó que se hizo un análisis de los contratos y de la simulación jurídica de los mismos, pues se detectaron elementos para calificar que se llevó a cabo un robo maquinado, entre otros delitos, de los cuales al menos dos no alcanzan fianza.
En su intervención, el secretario general, Sebastián Pérez aclaró que no se trata de una revancha, “sino un acto de justicia ante el engaño en contra de tres municipios – la capital, Soledad y Cerro de San Pedro-, y por supuesto en contra de sus habitantes, la cual se suma a las ya interpuestas por las los casos de Camino a la Presa, la compra de medicamentos, la nómina maestra y la obra fallida pero sí financiada de avenida Fray Diego de la Magdalena”.