Aunque los permisionarios señalen que el incremento de la tarifa del transporte público se establece en automático con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, la organización Ciudadanos Observando asegura que hay ciertos criterios que se deben de cumplir antes de que se autorice un aumento.
En su página web, Ciudadanos Observando detalla que de acuerdo al artículo 94 de la Ley de Transporte de San Luis Potosí el aumento a la tarifa depende del cumplimiento de tres aspectos que se relacionan con las exigencias señaladas en tres artículos.
El artículo 94 textualmente dice: la Secretaría autorizara los incrementos a las tarifas, siempre y cuando cada modalidad haya cumplido con los principios rectores y estándares de calidad establecidos en los artículos, 2, 67, y 68 de la presente ley.
Entre las obligaciones que la ley exige a los permisionarios previo al incremento de la tarifa se encuentran la certificación de los choferes, válvulas de control que impidan la aceleración de vehículos cuando las puertas se encuentren abiertas, dispositivos de georreferenciación en tiempo real y dispositivos que impidan que se incremente la velocidad más allá de lo permitido.
Aunado a esto también los sistemas de cámaras de video conectadas a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), (actualmente este sistema no se encuentra conectado a la dependencia).
Ciudadanos Observando denuncia que existen graves incumplimientos relacionados con los sistemas de prepago y los compromisos previamente establecidos para la implementación correcta de los nuevos sistemas ya que no se cumplió en los tiempos acordados.
La organización expone que los congresistas locales tienen la responsabilidad de evitar un aumento a la tarifa de forma que sería ilegal en el entendido que no existe la certeza del cumplimiento de los permisionarios en los principales puntos antes señalados.
Lamenta que la Federación Universitaria Potosina (FUP) se ha convertido de años a la fecha un simple comparsa y ha dejado de representar los verdaderos intereses de los estudiantes.
Además advierte que en caso de que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí violente la ley para favorecer a los permisionarios mediante el pago de favores políticos, se vendrían amparos y acciones desde diferentes trincheras ante este atropello.
vkc
