En la atención de denuncias por delitos de violencia familiar, los elementos de policía y Ministerios Públicos deberían actuar con perspectiva de género y privilegiar el interés de la víctima más allá de lo que dice y de si presenta o no una denuncia contra su agresor, consideraron Estefanía Medina Ruvalcaba y Adriana Greaves Muñoz, cofundadoras de la organización civil TOJIL.
Detallaron que algo que han detectado desde la organización que impulsan es que hay una alta incidencia, en todo el país, de delitos asociados a la violencia familiar, pero que estas denuncias no generan las medidas de protección necesarias para la víctima.
“No se atiende de manera integral el delito y eso permite que la violencia vaya aumentando hasta que termine en un feminicidio”, refirió Estefanía Ruvalcaba.
Greaves Muñoz explicó que cuando una víctima de violencia familiar presenta una denuncia es porque para ella ya se “derramó la última gota del vaso” y se debe tomar en consideración que quizá la persona que denuncia tiene un lazo afectivo con su victimario.
“Aquí el Ministerio Público y el policía deben tomar en consideración que esta persona más allá de su voluntad está emitiendo un grito de auxilio, que tienes que actuar rápido porque quizá ella ya no pueda regresar a su casa por temor a sus hijos y a su integridad”.
Mencionó que si quienes reciben las denuncias de violencia regresan a las víctimas al sitio en donde son violentadas les envían un mensaje de impunidad, “esto se ha visto como algo perjudicial en los Ministerios Públicos”, apuntó Estefanía Ruvalcaba.
Apuntaron que al recibir este tipo de denuncias, los Ministerios Públicos deben actuar de manera oficiosa ya sea que la víctima quiera o no presentar una denuncia formal, “para allá debe ir la tendencia de las autoridades”.
Estimaron que un mecanismo para romper este círculo de violencia es que el personal que recibe este tipo de denuncias emita las medidas de protección necesarias para las víctimas desde que se recibe la primera querella, es decir, que actúen con perspectiva de género.
También consideraron necesario que los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) cuenten con los recursos suficientes para su operación.
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