La familia de Lupita Viramontes, víctima de feminicidio en 2012, junto con integrantes del colectivo Por Ellas, por Nosotras y por Todas, ofrecieron una rueda de prensa para manifestar su profundo dolor e indignación ante la reciente decisión del juez Ernesto Rivera Sánchez del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas, que acaba de otorgar libertad anticipada a Guillermo Castillo, uno de los feminicidas de Lupita.

Visiblemente afectada, Susana Cruz, madre de Lupita, presentó la apelación de esta decisión, que llega después de más de una década de lucha incansable por la justicia.

"Han sido 12 años de dolor, de cargar con una herida que nunca cierra. Hoy, esta decisión nos deja más desamparados que nunca", expresó Susana.


La familia lamentó que, en su fallo, el juez no haya considerado las amenazas previas al asesinato de Lupita, amenazas que aún persisten y ponen en riesgo la seguridad de la familia.

Guillermo Castillo, quien estuvo prófugo de la justicia durante casi una década, fue liberado sin haber cumplido con un tratamiento terapéutico para su reinserción social, lo que genera gran preocupación en la familia.

"No entendemos cómo alguien que burló la ley y permaneció en la clandestinidad por tanto tiempo es premiado con la libertad anticipada", añadió Susana. Su temor por la seguridad de su familia es palpable, especialmente por la vida de sus dos hijos, quienes también fueron amenazados antes del crimen.

Susana exigió medidas de protección urgentes a la Fiscalía General del Estado y a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. “El Estado no ha cumplido con su obligación de garantizar nuestra seguridad. Nos sentimos completamente desprotegidos, como si la vida de mi hija y de mi familia no importaran”.


La familia Viramontes Cruz enfatizó que la decisión del juez no sólo prolonga su dolor, sino que también envía un mensaje de impunidad que perpetúa la violencia de género. “Esta decisión extiende la impunidad y nos deja con la sensación de que la justicia para las mujeres es imposible”, afirmó Susana.

"La justicia sigue siendo una promesa incumplida"

Su mensaje fue claro: “la justicia, que debería ser un derecho fundamental, sigue siendo una promesa incumplida para las víctimas de feminicidio en este país y el estado está obligado a juzgar con perspectiva de género ya que no es un favor, ni una opción, es su obligación”, añadió la madre de Lupita.

“Mi hija tenía sueños, proyectos, una vida por delante que le fue arrebatada de la forma más cruel", subrayó Susana, mientras hacía un llamado a la sociedad a no mirar hacia otro lado y a unirse en la lucha por justicia.

A la rueda de prensa también acudió Esperanza, madre de Karla Pontigo, otra víctima de feminicidio.

Esperanza señaló que el pronunciamiento de la familia Viramontes Cruz refleja el cansancio de una lucha que lleva más de una década, una lucha que muchas familias como la suya han tenido que enfrentar en soledad contra un sistema judicial que parece fallido. “Nos encontramos ante un sistema que nos abandona, que deja que los feminicidas salgan libres, mientras nosotras seguimos atrapadas en este dolor perpetuo”, expresó Esperanza.

Las madres de las víctimas de feminicidio expresaron que este acontecimiento impacta en la salud mental, en su derecho a continuar la vida, en condiciones materiales de la existencia, en la memoria de sus hijas, en su dolor, en la vida cotidiana y en toda la comunidad.

Las palabras de ambas madres resonaron profundamente, un recordatorio doloroso de que la justicia en casos de feminicidio sigue siendo una deuda pendiente en México. Concluyeron haciendo un llamado a las autoridades y a la sociedad a no olvidar a Lupita, a Karla, ni a ninguna de las mujeres que ya no están aquí para contar su historia.

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