En una audiencia tensa, extensa y marcada por episodios insólitos, las familias de dos de las jóvenes lesionadas durante el colapso del barandal del antro Rich, tragedia ocurrida el 7 de junio de 2024 en la plaza Alttus, decidieron otorgar el perdón legal a los imputados tras recibir indemnizaciones que oscilaron entre los 150 mil y los 250 mil pesos.
El acuerdo, alcanzado en una sola sesión, desató indignación entre otros afectados, quienes reiteraron que no buscan dinero, sino justicia.
Ramón Infante, padre de familia de uno de los jóvenes que murieron, lamentó profundamente que las jóvenes “A” y “R” quienes se presentaron junto con sus madres renunciaran a continuar cualquier acción legal.
“Ese es el valor que le dieron a su vida y a sus lesiones. Es triste. Pero para nosotros la lucha sigue; no descansaremos hasta que haya una sentencia y quede un antecedente que evite que algo así vuelva a ocurrir”, expresó.
La sesión judicial se tornó caótica cuando los abogados del despacho LEE, encabezados por el litigante Marco Polo Méndez y representantes de los imputados Nancy N., Ulises N. y Francisco N., abandonaron la sala de juicios orales en lo que el resto de las partes consideró una maniobra de presión y un acto de absoluta falta de profesionalismo.
“Fue una audiencia desgastante, llena de maniobras impropias. No se vale dejar a los propios representados botados en plena sala. Es un acto de rebeldía que demuestra cero compromiso con la verdad”, reprochó Infante.
Aunque dos familias aceptaron las compensaciones 150 mil pesos para Andrea Reyna y 250 mil para Renata Portillo, quien era menor de edad el día del accidente, otras víctimas reiteraron que no buscan una salida alterna ni un juicio abreviado, figuras a las que la defensa intenta acogerse a toda costa.
El 7 de junio de 2024, un barandal del tercer nivel del antro Rich, ubicado en plaza Alttus, se desplomó debido al sobrecupo en el lugar. Dos jóvenes perdieron la vida y más de diez resultaron heridas.
Investigaciones posteriores revelaron que el establecimiento operaba sin permisos adecuados ni medidas mínimas de seguridad exigidas por Protección Civil.
La Fiscalía General del Estado vinculó a proceso a tres personas por homicidio culposo y lesiones culposas, mientras que las familias han denunciado omisiones y negligencia por parte de autoridades municipales y estatales que permitieron la operación irregular del sitio.
A pesar de los acuerdos alcanzados por dos familias, quienes continúan en el proceso aseguran que llegarán hasta la sentencia.
Con la etapa intermedia aún en curso y una defensa señalada por inconsistencias y maniobras legales, el caso Rich sigue abierto, cargado de indignación y con un reclamo que se repite desde el día de la tragedia: que la justicia llegue y que nadie vuelva a perder la vida por negligencia y omisión.