Cuatro trabajadores de Interapas podrían ser separados de su cargo por corrupción: Galindo Ceballos

Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de San Luis Potosí, indicó que durante esta semana otros tres o cuatro trabajadores del Interapas podrían ser separados de sus cargos debido a su presunta participación en actos de corrupción, por haber obtenido beneficios económicos a través del programa “Cuenta Nueva y Borrón”.

“En Interapas traemos una cruzada muy fuerte en temas de corrupción (…) hemos sorprendido, documentado a servidores públicos que han hecho actos de corrupción”, comentó Galindo Ceballos.

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La declaración del edil de la capital potosina, destaca luego de que la semana pasada dos trabajadores del Interapas fueran despedidos tras comprobarse que a cambio de una suma de dinero, prometían a los usuarios que querían ingresar al programa “Cuenta Nueva y Borrón” borrar su historial de adeudo ante el organismo, sin entregarles a cambio un comprobante oficial.

Al respecto, Galindo Ceballos, indicó que las separaciones del cargo de funcionarios de Interapas, se realizarán una vez que se tengan las evidencias claras que acrediten su participación en actos de corrupción, los cuales aseguró no van a tolerar.

“Lo que detectamos es que obstruían que la gente firmara el convenio de ‘Cuenta Nueva y Borrón’ y a cambio de facilitarle les cobraban una cantidad y los fuimos sorprendiendo,  les pusimos un cuatro, mandamos usuarios simulados, que es una técnica de investigación de este tipo de actos de corrupción y documentamos todo”, agregó el alcalde.

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Asimismo, señaló que desde que tomó posesión a su cargo como presidente municipal, se han dado de baja de la administración a 10 trabajadores que hacían mal uso de sus funciones para obtener beneficios económicos, en áreas de atención como lo son Comercio Municipal, Desarrollo Urbano, Interapas y Seguridad Pública.

Enfatizó que de los casos documentados, se han interpuesto denuncias administrativas y en el caso de Comercio Municipal tres ex inspectores mantienen una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado por cobros “por fuera” de la administración.