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Las autoridades federales permitieron este jueves que algunos periodistas visitaran el centro de detención de inmigrantes de Dilley, un complejo de 20 hectáreas donde se encuentran familias, en el marco de las severas políticas contra la inmigración impuestas por el gobierno de Donald Trump.
En el centro se alojan unas mil 200 mujeres y menores, cuyas edades oscilan entre uno y 17 años.
Es la instalación de este tipo más grande del país y está localizada en un rincón remoto del sur de Texas; unos 110 kilómetros al suroeste de San Antonio. No se permitió a los periodistas entrevistar a las personas retenidas allí.
Otro centro de detención en Karnes City, Texas, aloja a 630 hombres con sus hijos. Una instalación más pequeña de Pennsylvania tiene hombres y mujeres con sus hijos.
Cifras oficiales dadas a conocer el miércoles reflejan la presión que enfrenta la red de centros de detención del servicio de inmigración, que tiene capacidad para solo tres mil familias, aproximadamente.
En julio, las familias representaron el 29.5%)de los 31 mil 303 arrestos hechos por la Patrulla Fronteriza. En junio fueron el27.6% del total de detenciones.
“Creo que lo que se ve allí es el comportamiento típico de esta gente”, señaló Daniel Bible, director de la oficina de San Antonio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés).
Muchas familias retenidas en Dilley se esconden de las pandillas y la violencia del narcotráfico en sus países, particularmente Guatemala, México, El Salvador y Honduras.
Buscan asilo en Estados Unidos, un proceso que puede tomar años, y afirman que sus vidas correrán peligro si son deportados.
La instalación recibe unos 110 migrantes nuevos diarios, la mayoría detenidos en el valle del río Bravo. Dilley solo acepta madres con hijos, siempre y cuando no tengan antecedentes delictivos.
A las mujeres y a niñas mayores de 10 años se les hacen exámenes para ver si están embarazadas a su llegada y a todos los detenidos se les hacen exámenes médicos y dentales, además que reciben vacunas de inmunización en cuestión de días.
Carteles que muestran a un Pinocho con la nariz larga dicen en español: “El rumor número uno que han escuchado sobre las vacunas. No es cierto”. Alude a la creencia de que las inmunizaciones pueden causarles perjuicios a los menores.
Los inmigrantes permanecen en Dilley unos 15 días. Un tribunal federal prohibió al gobierno retener a familias por más de 20 días, aunque algunas se quedan más tiempo por voluntad propia, mientras presentan apelaciones si no pasan la primera entrevista del proceso de asilo.
Con un presupuesto anual de 156 millones de dólares, Dilley consiste en una serie de complejos que supieron alojar a trabajadores de la industria petrolera. Madre e hijos son asignados a distintos “barrios” con nombres de animales y generalmente comparten remolques con catres y baños comunitarios.
La cafetería ofrece tres comidas diarias y tiene un bar con ensaladas, arroz y frijoles, así como pequeños hornos para calentar tortillas, que siempre están disponibles. El plato más popular son los nuggets de pollo.
Hay patios con juegos para los niños, gimnasios, una peluquería gratis y una biblioteca con miles de libros en español y en inglés, donde los detenidos pueden ver sus correos electrónicos y entrar en la Internet, aunque no tienen acceso a redes sociales como Facebook.
Hay remolques donde se dan clases a los menores, siguiendo los programas escolares de Texas, pero no se hace jurar lealtad a la bandera estadounidense, como en las escuelas del estado.
Las familias retenidas tienen libertad de movimiento en el complejo y no deben usar uniformes.
“Este no es un penal. Es algo informal”, afirmó Michael Sheridan, guía de los periodistas
Agrupaciones defensoras de los derechos de los migrantes, no obstante, dicen que los centros de detención de familias, incluido el de Dilley, no tienen pediatras disponibles las 24 horas. Hay tres médicos en la instalación, que generalmente trabajan durante las horas hábiles. El resto del día hay otro personal médico que interviene de ser necesario.
Katy Murdza, del Dilley Pro Bono Project, que colabora con los migrantes retenidos, dijo que los niños que necesitan medicinas deben hacer colas a veces por horas en una farmacia que funciona en un remolque. Agregó que en las clases que se dictan cuesta acomodar a los menores que hablan otros idiomas que no sea el español, como lenguajes mayas.
“Creo que todas las familias que vienen aquí están traumatizadas”, manifestó Murdza. “Mucha gente dice que no hubieran querido irse de sus países, pero que no tenían otra alternativa”, dijo.
