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Costa Rica y Nicaragua protagonizaron un nuevo choque diplomático, luego de que San José acusó a Managua de reprimir ayer a la oposición política con una oleada de arrestos y el presidente nicaragüense, Daniel Ortega rechazó anoche las acusaciones y advirtió que el mandatario costarricense, Carlos Alvarado, emitió declaraciones “irrespetuosas e injerencistas” sobre la situación interna de su país.
En una declaración que emitió el domingo pasado, el gobierno de Ortega aseguró que “ante las irrespetuosas e injerencistas declaraciones” de Alvarado “sobre asuntos internos de Nicaragua, expresa su desacuerdo y rechazo categórico”.
“También rechazamos la interferencia pretenciosa e insolente” de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica publicado ayer, puntualizó.
Después de una serie de detenciones de opositores políticos nicaragüenses ejecutada ayer por Ortega en protestas antigubernamentales, Alvarado escribió en su cuenta de Twitter que son “profundamente preocupantes las detenciones” en Nicaragua.
“La represión que está sufriendo el pueblo nicaragüense debe acabar”, recalcó.
La cancillería costarricense, por su parte, hizo el domingo “un llamado al cese inmediato de la represión y las detenciones arbitrarias, contra quienes participan en las protestas” en Nicaragua.
“Costa Rica respalda la preocupación manifestada por la comunidad internacional ante la erosión sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales, que ocurre a diario en Nicaragua”, aseguró San José en un comunicado.
“Las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, la intimidación contra manifestantes, medios de comunicación, estudiantes, defensores de los derechos humanos y miembros de la Iglesia Católica son actos inadmisibles, que deben terminarse cuanto antes”, añadió.
Costa Rica solicitó la mediación de la comunidad internacional “para que en Nicaragua se restablezcan las condiciones necesarias que permitan retomar” una negociación entre opositores y oficialistas, interrumpida desde julio pasado.
Asimismo, reiteró “su convicción de que el diálogo comprometido y efectivo es el camino para generar el fortalecimiento de la democracia, la protección” de los derechos humanos y respeto al Estado de Derecho ante la crisis en Nicaragua, y expresó su “solidaridad con el pueblo nicaragüense, con el que comparte lazos históricos de vecindad, cercanía y hermandad”.
La Policía Nacional de Nicaragua confirmó que el domingo arrestó a 38 opositores y liberó a ocho por “actividades instigadoras y provocadoras que violentan el derecho de las familias nicaragüenses a movilizarse, circular libremente y a realizar sus actividades”.
En una nota de prensa, anunció que realiza investigaciones “para determinar niveles de responsabilidad penal y los remitirá a las autoridades competentes para su enjuiciamiento”.
Respuesta. En su respuesta a Costa Rica, el gobierno nicaragüense alegó que “es respetuoso” del derecho internacional y que “no interfiere en los asuntos internos de ningún país y no comenta ni pontifica sobre problemas de otras naciones o sobre las decisiones soberanas que los Estados toman en relación a sus problemas”.
“El Gobierno de Nicaragua recuerda al Gobierno de Costa Rica que como Estados independientes nos debemos respeto y no injerencia. El Estado nicaragüense no es aficionado a enfrentamientos verbales o exhibicionismos mediáticos que otros utilizan como cortinas de humo con la pretensión de ocultar la profundidad y gravedad de problemas sociales o económicos propios”, adujo.
“El Gobierno de Nicaragua recuerda al Gobierno de Costa Rica que nunca hemos interferido en sus dificultades o crisis, como la que todavía se vive en esa nación hermana luego de más de un mes de protestas, huelgas y denuncias de distintos sectores sobre represión y brutalidad policial que han producido heridos, muertos, pérdidas materiales y afectaciones serias a la economía costarricense”, argumentó.
En un agravamiento de la crisis política que estalló en Nicaragua en abril pasado, con centenares de muertos, heridos y detenidos por la represión oficialista y una sacudida socioeconómica generalizada, la detención ayer de los opositores provocó el repudio nacional e internacional.
A finales de septiembre anterior, Ortega ilegalizó las protestas antigubernamentales, que reclaman democracia, justicia y libertad en Nicaragua y la dimisión del gobernante y la de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, y amenazó con encarcelar a los organizadores de las marchas opositoras, tras acusarlos reiteradamente de ser terroristas y negarse a aceptar sus demandas.
El número de muertos oscila entre 322 y más de 450, según organismos nicaragüenses no estatales de derechos humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que acusaron a los gobernantes de desplegar una intensa represión política con fuerzas policiales y paramilitares.
