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Amnistía Internacional (AI), la organización mundial independiente de defensa de los derechos humanos, sentenció ayer que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, sembraron el terror en Nicaragua desde el estallido, en abril de este año, de la más grave crisis política en ese país desde 1990 y utilizaron la tortura “como método de castigo, fabricación de pruebas, e investigación” para asediar a sus opositores.
En un informe difundido ayer en Madrid y que fue entregado a EL UNIVERSAL, AI denunció violaciones a los derechos humanos en los últimos seis meses en Nicaragua y aseguró que esos hechos ocurrieron “no sólo con conocimiento de las más altas autoridades del Estado nicaragüense, entre ellas el presidente y la vicepresidenta de la República, sino también [en muchas ocasiones] bajo su orden y control”.
“En concreto, se concluye que, como eje vertebral de la política represiva, el Estado nicaragüense mantuvo un discurso criminalizador, en el que denominó ‘terrorista’ o ‘golpista’ a toda persona que se manifestara en contra del gobierno, con el fin de justificar sus acciones violentas”, puntualizó.
“El Estado utilizó de forma extensiva a grupos parapoliciales armados, hizo un uso deliberado y generalizado de la fuerza letal para enfrentar la protesta y usó armas de tipo militar, en ocasiones de manera indiscriminada”, describió, al denunciar también “posibles ejecuciones extrajudiciales”.
El documento, que se denomina “Sembrando el terror: de la letalidad a la persecución en Nicaragua” y exhibió el panorama nicaragüense del 30 de mayo al 18 de septiembre pasados, fue dado a conocer al cumplirse ayer seis meses del inicio de la más profunda crisis política, socioeconómica e institucional del siglo XXI en ese país y la peor desde 1990.
El conflicto estalló el pasado 18 de abril con protestas callejeras antigubernamentales que inicialmente rechazaron una reforma a la seguridad social que Ortega debió derogar pero que luego prosiguieron incesantemente y se convirtieron en un masivo e incesante reclamo de democracia y justicia, tras acusar a la pareja gobernante de instalar una dictadura dinástica que cercenó las libertades en Nicaragua.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió de una “nueva ola de represión” en Nicaragua y elevó a 325 la cifra de muertos desde el inicio de las protestas.
El objetivo de esta creciente represión, advirtió en un comunicado, sería “disuadir las manifestaciones”. Además, expresó “preocupación” por la “persistencia del uso de la detención como forma de represión de la protesta social” contra Ortega, cuyo gobierno declaró el pasado 28 de septiembre ilegales las manifestaciones que no cuenten con el permiso de las autoridades.
La Organización de Estados Americanos (OEA) volverá a ocuparse del tema nicaragüense hoy en un consejo permanente extraordinario, se anunció en Washington.
En la sesión se presentará el segundo informe del Grupo de Trabajo para Nicaragua y habrá también una presentación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El Grupo de Trabajo, integrado por 12 países y creado en agosto, emitió el miércoles por la tarde un comunicado en el que expresó su preocupación y pesar por el “sistemático rechazo” del gobierno de Ortega a permitir que viaje al país.
En Managua, José Dávila, de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y ex embajador de Nicaragua en Alemania, dijo que “la situación sigue empantanada por la cerrazón del gobierno. El país se está desangrando y se está yendo el futuro de Nicaragua, en esos jóvenes que han tenido que huir para resguardar su vida”. Para la UNAB, la salida a la crisis pasa por adelantar las elecciones de 2021, lo que Ortega rechaza. Con información de agencias
