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La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en San Luis Potosí conocía que el agua subterránea de la zona cercana a “La Maroma” estaba contaminada con arsénico y otros metales pesados desde 2014, sin embargo, no lo informaron a los ejidatarios inconformes con la construcción de la presa, al ofrecerles esta agua a cambio de que desistieran de sus acciones jurídicas interpuestas.
Lo anterior lo manifestó Germán Santacruz de León, profesor investigador del programa “Agua y Sociedad” del Colegio de San Luis, quien ha trabajado con los ejidatarios a petición de ellos mismos, sin ánimo de lucro y respondiendo al llamado que se hizo al Colsan para apoyarlos en este asunto.
Explicó que ha ayudado a revisar técnicamente el proyecto y ahora también los ofrecimientos de Conagua y CEA para apoyar a los pobladores, a pesar de que están fuera de la normatividad agraria, pero con la intención de suplirles de alguna manera el volumen de agua que ellos tienen garantizado por un decreto presidencial de los años cincuenta y que con el proyecto de “La Maroma” estaría disminuyendo esta dotación.
Detalló que la Conagua al realizar cualquier tipo de trabajo de exploración o análisis tiene que presentar un estudio de impacto ambiental que en este caso tiene que autorizar la Semarnat y en 2014, se hicieron los estudios para explorar estos cinco pozos “lo que no le dicen las autoridades a los ejidatarios es que cuando menos tres de estos pozos tienen contaminantes, probablemente por cuestiones geológicas y en cantidades superiores a las normas de salud”.
Finalmente indicó que en el informe de impacto ambiental se especifica que hay plomo, arsénico y otros metales pesados lo que está relacionado con la presencia de cáncer, no solamente para la gente que consuma esta agua, sino para quienes eventualmente pudieran consumir los cultivos regados con este vital líquido con sustancias tóxicas, por lo que es condenable que las autoridades hayan omitido esta información a la hora de ofrecer esta dotación, simplemente con la idea de que se desistieran de sus acciones legales contra el proyecto.
