Reavivan conflicto por tierras entre la comunidad y el ejido de Escalerillas

Luego de una resolución del Tribunal Unitario Agrario que derivó en la convocatoria para elegir a las autoridades del ejido de Escalerillas, los integrantes de la comunidad denunciaron la ilegalidad del procedimiento, alertando que de no haber una intervención de las autoridades el asunto podría detonar un estallido social violento que a nadie conviene.

Al respecto, el abogado Marco Antonio Arredondo Bravo, asesor jurídico de los comuneros, recordó que el problema es que ya en dos ocasiones ha habido resoluciones de amparos tanto en 1999 como en 2015 que reconocen la propiedad de las más de 5 mil 800 hectáreas a la comunidad de Escalerillas, pero son más bien intereses económicos “oscuros” los que han empujado que de nueva cuenta haya un debate por la propiedad entre comuneros y ejidatarios.

Relató que se ha tratado de “un concierto de violaciones procesales”, lo que ha provocado que el magistrado en turno haya violado la ley de manera liberada, para otorgarle al ejido la posibilidad de elegir nuevos dirigentes bajo el entendido de la propiedad de determinado número de tierras que no les corresponden y que nunca han sido de ellos.

Refirió además que el expediente ya fue presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que atraiga el caso y haya una resolución definitiva, que se base en los hechos de que solo son 92 familias de comuneros y que tienen la propiedad y posesión de estas tierras desde que les fue favorable un decreto presidencial de 1929.

Insistió que más allá del conflicto entre los pobladores, lo que está de fondo son los intereses económicos muy fuertes de desarrolladores de vivienda que han presionado tanto a las autoridades agrarias como al gobierno del estado, para que el caso se resuelva a favor del ejido con quienes ya tienen asegurado un jugoso negocio, incluso ya tienen avanzados los trámites con el municipio para los cambios de uso de suelo de rural a residencial.

Por último señaló que solo la señora María Dolores Bravo y el señor Julián Valero ostentan la representación legal de todos los miembros de la comunidad y más allá de ellos, es falso y fuera de legalidad cualquier autoridad que se quiera autonombrar, porque además no puede haber personas que se digan comuneros y ejidatarios al mismo tiempo, ya que son excluyentes de acuerdo a la propia legislación agraria.

samuel.estrada@clabsa.com.mx

apl