Al presentar el Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos en Centros de Detención Municipal, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) dio a conocer que 50 de los 58 municipios del estado reprobaron en cuanto al cumplimiento de las normas establecidas en la constitución y en ordenamientos internacionales y nacionales en derechos humanos para dar un trato digno a las personas que son detenidas y puestas en privación preventiva de su libertad, por cometer alguna falta al bando de policía y buen gobierno.

El presidente del organismo defensor de los derechos humanos Jorge Andrés López Espinosa comentó que la evaluación se llevó a cabo a través del personal de la tercera visitaduría, en la que se observó ‘in situ’ las áreas de barandilla, entrevistas con alcaldes y responsables de estos centros, además de levantamiento fotográfico y video, donde se constató que la gran mayoría de los municipios, con excepción de San Luis Potosí, Soledad, Rioverde, Charcas y Tamuín, tienen en condiciones deplorables sus instalaciones incumpliendo con las normas establecidas.

El municipio peor calificado fue Santa María del Río con apenas un 1.65 de calificación y Santo Domingo, Armadillo y Cerro de San Pedro no obtuvieron calificación al no contar con policías preventivas.

Ante esta circunstancia, la CEDH ha canalizado este diagnóstico a los ayuntamientos para que sea sometido al interior de sus cabildos y comenzar a trabajar en el cumplimiento de las observaciones que fueron encontradas, donde la mayor parte se relacionan a la mala infraestructura.

No obstante, se reconoció que persisten situaciones relacionadas con abusos por parte de los elementos al momento de la detención de las personas, y además se instruyó que se cumpla con los procedimientos que garanticen los derechos humanos como: la valoración psicológica y médica, el conocimiento de sus derechos, espacios debidamente habilitados para las mujeres y adolescentes, mejores condiciones de salubridad, iluminación y ventilación en las celdas, trato digno a las personas en condiciones de vulnerabilidad y que la aplicación de sanciones administrativas estén emitidas por un juez certificado y no se den de manera arbitraria, entre otras observaciones.

La CEDH espera generar una nueva evaluación de seguimiento el próximo año con las nuevas autoridades municipales en funciones, pero el cumplimiento de las áreas de oportunidad deben ser consideradas desde este momento para trabajar en la mejora de estos espacios.

cgm

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