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La organización social Reinserta denunció que, aunque en México hay 436 niñas y niños viviendo con sus madres en algún centro de reclusión, sólo se tiene el registro de 11 áreas de maternidad en las cárceles de todo el país, además de que los menores de edad no cuentan con las condiciones educativas, médicas, lúdicas y alimenticias para desarrollar su primera infancia de manera adecuada.
En su “Diagnóstico de Maternidad y Paternidad en Prisión”, la ONG, que recientemente fue premiada por sus proyectos sociales en la Cumbre Internacional de los Premios Nobel de la Paz, criticó que la mayor parte de las prisiones del país no tiene la infraestructura para atender a este sector poblacional que en su mayoría (89 por ciento) tiene entre 0 y 3 años.
Fuentes consultadas para este trabajo indicaron que prisiones de la Ciudad de México y Michoacán, donde viven alrededor de 79 infantes, son las más avanzadas en esta materia, mientras que en los otros estados el sistema penitenciario se ha ido rezagando.
Para realizar su Diagnóstico, Reinserta visitó 27 cárceles de diez estados y aplicó encuestas a mil 28 mujeres y mil 795 hombres privados de su libertad; fueron ellas quienes dieron información sobre los bienes y servicios que reciben los menores de edad por parte del personal de las cárceles.
De esa manera se sabe, por ejemplo, que sólo el 22 por ciento de los infantes tiene acceso a servicios de nutrición; el 23 por ciento a servicios de atención pedagógica; el 32 por ciento a medicinas específicas y atención psicológica; el 51 por ciento a servicios de atención médica y pediátrica, y el 61 por ciento a vacunas.
En cuanto a la calidad de los espacios, el 65 por ciento de los niños y niñas tiene áreas lúdicas para jugar, leer o dibujar; el 48 por ciento tiene un dormitorio especial junto con su madre; el 42 por ciento goza de un Centro de Desarrollo Infantil; el nueve por ciento disfruta de una área de comedor especial, y el cuatro por ciento puede acceder a un baño exclusivo.
A estas condiciones se enfrentan el hijo de dos años de Sara y su bebé de nueve meses, quienes viven dentro de un centro de reclusión a la espera de que un juez decida si su madre es culpable del delito por el cual se le acusa.
Reinserta recuperó la historia de Sara y la relata en el Diagnóstico que se presenta hoy en el Senado de la República. “Hay días buenos y días malos. Hay días que el doctor no quiere atender a los niños por más que se vea que están muy enfermos, solamente les da medicamento para calmar el dolor, pero no para quitar la enfermedad. También hay veces que la comida no llega en buen estado, por eso les cocino todo el tiempo, aquí si comes la comida de rancho seguro te enfermas”, explicó la mujer.
Relacionado al tema de la alimentación, la ONG aseveró en su informe que más del 60 por ciento de los alimentos balanceados y nutritivos que necesitan los niños y niñas son proveídos por algún familiar o persona externa al centro de reinserción, mientras que sólo el 25 por ciento de las madres reciben este tipo de comida por parte del penal.
Contexto de violencia
Otro tema del Diagnóstico tiene que ver con el contexto de violencia dentro de las cárceles, pues éste afecta al sano desarrollo psicológico de los menores de edad.
En este sentido las madres encuestadas indicaron que el 71 por ciento de los niños y niñas han estado expuestos a un lenguaje “no adecuado”; el 45 por ciento ha sido revisado en cateos al interior de la prisión; el 19 por ciento ha estado en contacto con algún tipo de droga; el 16 por ciento ha presenciado motines; el 15 por ciento ha presenciado riñas; el ocho por ciento ha aprendido “lenguaje carcelario”; el cuatro por ciento ha presenciado conductas sexuales; el dos por ciento ha presenciado homicidios y actos delictivos, y el uno por ciento ha sido utilizado para cometer actividades ilícitas.
“En los penales que no cuentan con espacios adecuados para niños encontramos dos problemas: el primero es que no tienen áreas para jugar ni desarrollarse, y el segundo es que en las cárceles con autogobierno los menores están expuestos a situaciones de violencia extrema, por ejemplo los motines, y no hay ninguna forma en la que los pequeños se pueda resguardar”, dijo en entrevista Saskia Niño de Rivera, directora de Reinserta.
La especialista en sistema penitenciario criticó que no haya cifras oficiales precisas sobre el número de infantes que están en algún centro de reclusión, pero asegura que las entidades más preocupantes en este tema son Quintana Roo, Nayarit y Tamaulipas porque “el presupuesto es tan limitado que las cárceles no pueden operar dignamente”.
Niño de Rivera recordó que la Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada en el 2016, establece las condiciones que debe tener un centro de reclusión para albergar a menores de edad, sin embargo su cumplimiento ha sido lento:
“No hemos entendido la importancia de tener penales funcionales. El mismo secretario Alfonso Durazo lo dijo hace unos meses: los delincuentes están operando desde las cárceles, y eso es gravísimo porque entonces cuál es el objetivo de estos lugares. Falta mucho por atrevernos a meter mano al sistema penitenciario”.
De entre todo lo malo, la experta destacó que Nuevo León es un ejemplo de cómo una entidad puede trabajar para ofrecer mejores condiciones a los niños y niñas que están en prisión, pues recientemente se logró que este sector poblacional sea retirado de la cárcel de Topo Chico.
Niños y detenciones
Saskia Niño de Rivera indicó que las niñas y niños no sólo sufren las inclemencias de la prisión, sino que son afectados desde el momento de la detención de sus madres.
En este sentido, el 34 por ciento de las madres encuestadas admitió que sus hijos se encontraban con ellas al momento de la detención, mientras que el 32 por ciento señaló que los menores de edad presenciaron este acto.
Posterior a la detención, el 68 por ciento de las madres indicó que la niña o niño tuvo la posibilidad de quedarse con algún familiar, sin embargo otro siete por ciento dijo que los menores estaban en la escuela o se quedaron solos en la casa mientras alguien llegaba a cuidarlos.
Un dato parecido es el de las mujeres que estaban embarazadas el momento de su detención; según las encuestadas el 12 por ciento se encontraba en esa condición, pero más de la mitad no recibieron atención médica al ser retenidas.
Esta irregularidad se suma a otras que recibió la población femenina durante el proceso de detención, por ejemplo, el 65 por ciento de las encuestadas aseguró que recibió alguna amenaza en el acto; el 57 por ciento fue golpeada; el 42 por ciento fue amenazada con sus hijos; el 33 por ciento debió dar un soborno, y el 22 por ciento vivió alguna forma de violencia sexual.
