Morena va porque el Estado compre y venda cannabis

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, presentó una iniciativa este martes para la creación de un mercado legal para la compra y venta de la marihuana con la creación de una empresa pública, totalmente del Estado, denominada Cannsalud.

En su documento presentado en la Gaceta Parlamentaria, Mario Delgado explica que esta empresa estará autorizada exclusivamente para realizar la adquisición de la sustancia cannabis y sus derivados de los particulares que hayan obtenido los permisos correspondientes para dicho fin.

En esta iniciativa también prevé la posibilidad de que los mexicanos tengan la facultad de cultivar su propio cannabis. 

“Sin la necesidad de licencia o permiso, podrán poseer, cultivar, cosechar, preparar o procesar hasta 6 plantas de cannabis, siempre y cuando sean destinadas para consumo personal, permitiéndose también el compartido en el hogar”, refiere.

“Se prevé que el consumo y autocultivo sea realizado por agentes mayores de edad y prohibe que el uso se haga en espacios públicos, incluyendo aquellos privados donde existe acceso al público, con lo cual atendemos de manera más pacífica y prudente la situación controversial que envuelve al cannabis actualmente en nuestro país”, puntualiza.

Cannsalud

Mario Delgado explica que esta empresa será del Estado y de propiedad exclusiva del Gobierno federal, contando con una autonomía técnica, operativa y de gestión para la realización de su fin primordial, el cual es tener el monopsonio de la compra al mayoreo del cannabis y sus derivados, para posteriormente darlos en venta a los franquiciatarios que venderán al menudeo.

“Los propósitos fundamentales de la creación de esta empresa incluyen abaratar y facilitar la verificación sanitaria de los productos, registrar y sistematizar la información relativa a la producción, flujos, volumen, calidad, destino, etcétera, del producto y evitar, al menos temporalmente, la integración vertical de la industria a fin de evitar que los grandes intereses
comerciales estén en posición de avasallar o captura al regulador.

“Así, se trata de un primer paso para la apertura de un mercado lícito nuevo, y se propone una empresa pública como intermediario obligado a fin de identificar y contener los riesgos inherentes al establecimiento de un mercado nuevo, cuando existen ya intereses mercantiles internacionales que buscan maximizar sus utilidades por encima de la protección de la salud de las personas”, detalla.