Más Información
San José.— Un informe sobre la corrupción en América, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el martes pasado advirtió que la desaparición, en septiembre de 2014, de los 43 normalistas de Ayotzinapa mostró las “gravísimas consecuencias” y “a qué extremos se puede llegar” por el vínculo de complicidad entre “agentes del Estado y el crimen organizado”.
El narcotráfico “genera una situación de violencia y corrupción que puede alcanzar niveles intolerables y que amenaza con destruir el tejido social, político y económico de un país, sea por la violencia que éste ejerce contra sus agentes o por la corrupción que instala en organismos policiales”, precisó el informe denominado Corrupción y derechos humanos: Estándares interamericanos.
El estudio, del que EL UNIVERSAL tiene copia, destacó “como una buena práctica” la creación del Sistema Nacional Anticorrupción de México, para “establecer, articular y evaluar” una política de coordinación entre las autoridades de “todos los órdenes de gobierno, así como en la fiscalización y control de recursos públicos”.
El sistema, creado en 2016, fue señalado como un ejemplo regional de que “la intersectorialidad e integralidad de las políticas públicas implica la necesidad de coordinación, tanto horizontal como vertical, a fin de evitar la duplicidad de funciones o programas, y garantizar la suma de esfuerzos entre dependencias y órdenes de gobierno.
“Fenómenos como la corrupción requieren ser abordados a través de acciones integradas y efectivas. La implementación de planes integrales permite fijar objetivos, plazos y responsables para avanzar en las medidas anticorrupción de forma transparente y con participación ciudadana”, agregó, al mencionar la experiencia con el sistema.
También señaló el surgimiento, en marzo de 2019, de una fiscalía especializada en corrupción en la FGR.
En otro apartado en el que se refirió a México, indicó que “en los últimos tiempos” los Estados mostraron un “creciente interés en incrementar su capacidad de vigilancia de las actividades que se desarrollan en internet. Esto representa riesgos para la privacidad de la ciudadanía y para la protección de la reserva de las fuentes periodísticas.
“La CIDH ha llamado la atención sobre el caso de México, donde se denunció que el gobierno del país y varios gobiernos de entidades federativas hicieron compra o uso de software para monitoreo de personas a través de teléfonos celulares”, aseveró.
“El programa espía denominado Pegasus, producido por NSO Group, con sede en Israel, fue utilizado en México para infectar los teléfonos y dispositivos de periodistas, defensores de derechos humanos, abogados, expertos en salud pública y lucha contra la corrupción e incluso a integrantes del organismo internacional establecido para investigar la desaparición masiva de estudiantes en Iguala en 2014”, describió.
Vínculo
La CIDH, instancia autónoma de la Organización de los Estados Americanos, alertó sobre el lazo crimen organizado-Estado.
“Al configurarse formas tan complejas de relación entre el aparato estatal y el crimen organizado, la corrupción pasa a ser parte del actuar cotidiano, desviando completamente al Estado del cumplimiento de sus fines propios”, subrayó, al recordar a los 43 normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron hace más de cinco años.
El “seguimiento de las medidas cautelares”, que la CIDH dictó en octubre de 2014 para “proteger” a los 43 normalistas y a los estudiantes heridos en los hechos del 26 y del 27 de septiembre de 2014, permitió “observar a qué extremos se puede llegar en la asociación entre agentes del Estado y el crimen organizado”, señaló.
Esta colusión tiene “gravísimas consecuencias” en derechos humanos para individuos, familias y “la sociedad en su conjunto”, recalcó.
Al pronunciarse sobre la prolongada impunidad en México por los asesinatos de los periodistas mexicanos Héctor Félix Miranda, en 1988, y Víctor Manuel Oropeza, en 1991, por denunciar la corrupción, insistió en la necesidad de que el Estado castigue a los culpables de esos crímenes.
Al respecto, recomendó a México “enviar a la sociedad el mensaje firme de que no habrá tolerancia para quienes incurran en violaciones tan graves al derecho a la libertad de expresión”.
Los periodistas y los trabajadores de medios de comunicación sufren “amenazas y agresiones” por denunciar la corrupción, reiteró.
