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El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados aseguró que con la insistencia de impulsar la termoeléctrica en Morelos y el Tren Maya, el presidente de la República podría ser apercibido por infringir acuerdos internacionales sobre los pueblos indígenas.
A través del diputado federal, Antonio Ortega Martínez, quien advirtió que las omisiones y desconocimiento del canciller Marcelo Ebrard Casaubón, propiciarán apercibimientos internacionales contra el gobierno Mexicano por casos como la termoeléctrica de Morelos y el Tren Maya, que violan convenios establecidos con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las Naciones Unidas.
Ortega Martínez destacó que el presidente Andrés López Obrador está violando el Convenio 169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, al no atender los temas de consultas libres e informadas, así como el respeto a la autodeterminación. Expuso por ejemplo que el gobierno mexicano está obligado a consultar a los pueblos mediante procedimientos apropiados y -en particular- a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, lo cual no se ha cumplido.
También, el gobierno mexicano está vulnerando el compromiso de las consultas que, señala el texto, “deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”.
Precisó asimismo que Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México, ya hizo un llamado de alerta para priorizar las vías del diálogo, privilegiando la búsqueda de consensos tras el asesinato de Samir Flores defensor de los derechos de los pueblos indígenas en Amilcingo y opositor a la planta termoeléctrica de Huexca, Morelos, pues -a decir del funcionario- se ha detectado que uno de los factores de riesgo en el país, es “el desarrollo de proyectos sin respetar el derecho de las comunidades indígenas a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, en línea con los estándares internacionales”.
Recordó que para la ONU-DH, el asesinato de opositores podría inhibir a muchas personas defensoras de sus garantías individuales, y –por lo tanto- es responsabilidad de las autoridades mexicanas, contribuir a generar un ambiente propicio para defender la libertad de expresión, lo que incluye abstenerse de realizar acciones que puedan agravar situaciones de vulnerabilidad e incrementar riesgos; pero desafortunadamente, dijo, eso se está desoyendo.
El Legislador perredista indicó finalmente que ni en el caso de la Termoeléctrica ni en el Tren Maya, se está cumpliendo la norma por la que se establece que los pueblos interesados “deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades”.
Desafortunadamente, concretó aunque el presidente López Obrador haya intentado tranquilizar al país anunciando que expertos de la UNESCO trabajarían estos días para verificar que no haya impactos negativos sobre las comunidades en las que se ha instalado la termoeléctrica de Morelos, lo cierto es que la misma Organización ya hizo una señal de alerta en lo concerniente a los Derechos Humanos, y por ende, el gobierno federal debe aceptar –primero- lo que dice la Constitución Política en su Artículo 2 y, en consecuencia, los pactos signados con el exterior.
