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El Poder Judicial de la Federación (PJF) anunció medidas de austeridad para el presupuesto de egresos 2019, con las cuales busca “disminuir gastos no prioritarios” y que no afecten la correcta impartición de justicia en el país, dijo el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales.
Al encabezar la ceremonia con motivo de la apertura del segundo periodo de sesiones, el ministro ordenó a la Suprema Corte, al Consejo de la Judicatura Federal y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación establecer acciones que permitan “una mayor eficiencia, eficacia, racionalidad y, particularmente, de austeridad” en la compra de bienes, la realización de eventos y el ejercicio del gasto público.
Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo de México, señaló en las últimas semanas que el país requiere austeridad en la administración de recursos públicos.
Ayer el ministro presidente afirmó que el Poder Judicial de la Federación no es ajeno a los profundos retos que enfrenta México en lo económico, político y social, y que al emprender esas estrategias se buscará que “no se comprometa la independencia y autonomía de los órganos jurisdiccionales, que se constituyen como uno de los pilares fundamentales de la estabilidad democrática del país, mediante la prestación de un servicio público fundamental”.
El ministro explicó que se elaborarán los respectivos proyectos de presupuesto de egresos para el ejercicio 2019, que desde luego deberán someterse a la aprobación de los plenos correspondientes, bajo tres directrices en los que se deberá generar ahorro y limitar la inversión.
El primero consiste en revisar la política de inversión pública en materia de bienes, servicios y obras, con el propósito de sólo ejercer recursos públicos en aquellos rubros que sean estrictamente indispensables para garantizar el desarrollo y la continuidad de las funciones constitucionales del Poder Judicial.
Esto significa disminuir “gastos no prioritarios, como pueden ser la compra de vehículos, remodelaciones, mobiliario o equipamiento en general, entre otros rubros”.
El segundo prevé revisar la política en materia de servicios al personal, con el fin de “disminuir los gastos en congresos, convenciones, ceremonias, viáticos, subsidios, gasolina, actividades culturales y deportivas, así como apoyos económicos en general, no indispensables para la adecuada impartición de justicia”.
Como tercera directriz se profundizará en la “política de racionalidad, disciplina y ahorro que se ha instrumentado en los últimos años”, sin que ello impida cumplir con las obligaciones en la labor sustancial de impartir justicia en beneficio de la población.
En su mensaje, Aguilar Morales enfatizó que esas acciones se asumirán “sin comprometer la independencia y autonomía jurisdiccional”, y permitirán ahorros importantes que podrían ser reorientados conforme a las directrices de los Poderes de la Unión competentes.
El ministro presidente recordó que durante 2017 se implementaron medidas de austeridad y racionalidad del gasto, que permitieron que el Poder Judicial donara 2 mil 100 millones de pesos para apoyar a los damnificados por los sismos de septiembre de 2017.
Para este año, este poder obtuvo un presupuesto de 71 mil 366 millones 389 mil 337 pesos, de los cuales 5 mil 635 millones 107 mil 441 fueron destinados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Según los Estados financieros de la Suprema Corte al 30 de junio de 2018, a los que tuvo acceso EL UNIVERSAL, para el presente año se asignaron recursos, algunos de los cuales podrían estar en el plan de austeridad que se anunció.
Por ejemplo, en 2018 se tiene considerado el pago de 33 millones 997 mil 276 pesos de prima quincenal por años de servicio efectivo prestados para sus trabajadores; también se autorizó un total de 49 millones 718 mil 293 pesos para el pago de primas vacacionales y dominicales.
Las gratificaciones de fin de año están presupuestadas en 284 millones 388 mil 601 pesos, mientras que se destinarán 300 mil pesos a las remuneraciones por horas extraordinarias trabajadas.
El proyecto incluye el pago de 17 millones 32 mil 707 pesos para la compra de productos alimenticios para personal de la institución; un millón 830 mil 370 para la compra de comida derivado de actividades extraordinarias y 688 mil 643 pesos para los utensilios del servicio de alimentación.
Para la compra de “combustibles, lubricantes y aditivos” se prevé destinar 4 millones 848 mil 510 pesos, en tanto que para el pago de celulares se destinaría un millón 680 mil pesos y el pago de internet se presupuestó en 5 millones 998 mil 160 pesos.
Para capacitar a sus servidores públicos, la Corte destinará 13 millones 133 mil 814 pesos y de viáticos en territorio nacional se autorizaron 8 millones 515 mil 302, mientras que para ir al extranjero los viáticos son de 2 millones 348 mil 526 pesos.
Los congresos y convenciones cuentan con un presupuesto de 31 millones 479 mil 141 pesos; las exposiciones obtuvieron 414 mil pesos y los gastos de alimentación para servidores públicos en este tipo de eventos se calcularon en 6 millones 734 mil 620 pesos.
Para la compra de obras de arte o bienes culturales se autorizaron 27 millones 132 mil 600 pesos y para adquirir vehículos de los servidores públicos de la Corte se designaron 26 millones 529 mil 120 pesos, y en un rubro separado se destinaron 2 millones 825 mil 876 pesos para la compra de vehículos de servicio.
Todo el Poder Judicial tiene un total de 13 mil 694 plazas y la mayor parte está adscrita al Consejo de la Judicatura Federal, que recibió 61 mil 838 millones 81 mil 896 pesos para repartir en la administración de 839 órganos jurisdiccionales.
De los 3 mil 893 millones 200 mil pesos que recibió de presupuesto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se estimó un total de 371 millones 79 mil pesos para remuneraciones adicionales y especiales a sus trabajadores.
Según el Estado presupuestario y programático del primer trimestre de 2018 del tribunal electoral, para alimentos y utensilios se presupuestaron 9 millones 362 mil pesos y para la compra de lubricantes, combustibles y aditivos, otros 9 millones 32 mil pesos.
Para viáticos se autorizaron 18 millones 543 mil pesos y para la compra de vehículos y equipo de transporte, un total de 7 millones 115 mil pesos.
