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La construcción de un Centro de Justicia Penal Federal en Oaxaca mantiene en riesgo de demanda al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por gastos no recuperables y daños.
De acuerdo con el Informe de Primeros Hallazgos de la Secretaría Ejecutiva de Administración del CJF, el organismo no cuenta con recursos para continuar con los compromisos de obra pública que suscribió durante la gestión del expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, por lo que quedaron obras inconclusas.
EL UNIVERSAL informó que, según el documento, durante 2018 hubo un subejercicio de casi 5 mil 500 millones de pesos en el presupuesto asignado para ese año, mismos que fueron reintegrados a la Tesorería Federal; sin embargo, existen diversos rubros en los que el dinero hace falta y para 2019 no hay presupuesto.
Durante la administración de Aguilar Morales se autorizó la construcción de cinco Centros de Justicia Penal Federal que estarían ubicados en Ciudad Victoria y Reynosa, Tamaulipas; Culiacán y Los Mochis, Sinaloa, y en Salina Cruz, Oaxaca.
La secretaría ejecutiva detectó que el proyecto denominado Adecuación de Áreas y Obras Complementarias para la Instalación de un Centro de Justicia Penal en Oaxaca pone en riesgo de demanda al CJF por gastos no recuperables.
Esto, debido a que, aunque el contrato de obra fue adjudicado desde 2017, está pendiente de firma debido a que aún no se ha definido dónde se ubicará el Centro de Justicia Civil y Administrativa.
Un órgano jurisdiccional en materia civil y administrativa inició funciones en febrero de 2019 en el inmueble que se había adquirido para construir el Centro de Justicia Penal Federal.
Esto no ha sido informado aún al contratista encargado de la obra, por lo que la secretaría ejecutiva advirtió que existe la posibilidad de que una vez que sea informado podría demandar al CJF por el incumplimiento del contrato adjudicado.
En el documento, al que El Gran Diario de México tuvo acceso, se detectó que en el caso del Centro de Justicia Penal Federal de Reynosa, Tamaulipas, la compra del predio sobre el que se encuentra el mismo no cumple con las características requeridas para su funcionamiento.
Además, en el proceso de contratación existió sólo una propuesta de venta, por lo que no había parámetros de comparación para tomar la decisión más conveniente a los intereses del CJF.
“En el caso de Reynosa, Tamaulipas, sólo existió una propuesta de compra, a diferencia de Ciudad Victoria, Tamualipas, y Los Mochis, Sinaloa, en los que se presentaron por los menos ocho terrenos para analizar la viabilidad de su adquisición”, precisa.
“Invariablemente siempre se solicita que los predios cumplan con una superficie de entre 10 mil y 15 mil metros cuadrados para la construcción de los Centros de Justicia Penal Federal, previendo el crecimiento de los mismos. En el caso de Reynosa, Tamaulipas, se compró un proyecto construido con sólo 4 mil 200 metros cuadrados de terreno, y un proyecto de oficinas construido que casualmente es muy parecido a los Centros de Justicia Penal Federal que construye el CJF”.
En esta compra, la empresa que vendió el terreno se dedicaba a la venta de alimentos y bebidas, y dos años antes de la operación con el CJF cambió su objeto social como inmobiliaria-constructora.
Entre los compromisos de obra pública contraídos por el CJF durante la administración pasada, 22 de ellos requieren una inversión de 94.1 millones de pesos que debieron salir del presupuesto 2018, pero esto no ocurrió, por lo que el dinero para concluir estas obras depende de la disponibilidad presupuestal en el ejercicio 2019.
El Consejo de la Judicatura Federal debe 70.3 millones de pesos por trabajos extraordinarios en proyectos integrales a sobreprecio y, según la revisión, no existe un instrumento para su reconocimiento y pago, lo que generaría conflictos legales.
El informe destacó que la Judicatura debe regularizar los permisos de uso temporal de los espacios dentro de sus instalaciones utilizados por máquinas expendedoras de bebidas calientes, alimentos, bebidas frías y hasta cajeros automáticos.
Indica que el Consejo de la Judicatura debe revisar la normatividad para que la asignación de estos espacios sea transparente. Específicamente con relación a 32 máquinas expendedoras de bebidas calientes en 11 edificios de la Ciudad de México y zona conurbada; 38 máquinas expendedoras de alimentos y bebidas frías, así como lo referente a 10 cafeterías, la instalación de sucursales bancarias y cajeros en la capital y zona conurbada.
“Espacios asignados, por los cuales no se recibe ingreso para el pago de servicios: 22 cajeros de HSBC y seis sucursales [Ajusco, Prisma, Sede, San Lázaro, Revolución 1508 y Periférico 2321], así como cuatro cajeros de Banorte [Ajusco, San Lázaro, Periférico 2321 y Prisma]”, detalla.
En tanto, permanece pendiente desde 1994 la asignación de espacios para nueve centros de fotocopiado para pensionados y jubilados.
