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La diputación permanente del Congreso de Veracruz determinó separar provisionalmente de sus funciones al Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, por carecer de los exámenes de control y confianza exigidos en la ley para ocupar ese cargo.
De manera sorpresiva y a propuesta de la Junta de Coordinación Política, presidida por Morena, se presentó un punto de acuerdo para que el amigo personal del exgobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares fuera separado del cargo.
En su lugar los diputados locales, avalaron dejar como encargada de despacho a la actual directora jurídica de la Secretaría de Gobierno, Verónica Hernández Giadáns, gente cercana del titular de esa dependencia, Eric Cisneros Burgos, este último operador electoral de Andrés Manuel López Obrador.
En la sesión de este martes, la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que preside el diputado Juan Javier Gómez Cazarín, retiró del orden del día todos los puntos que estaban agendados para analizar y aprobar como único punto la salida del abogado yunista.
El documento detalla que la separación se debe a que Winckler Ortiz no cumplió con el mandato constitucional de contar con certificación de confianza y revalidación.
“Ante las autoridades competentes para evaluar al fiscal general no obra constancia alguna de que cuente con la certificación y registro, por ello y en atención a los antecedentes se determina necesario que la Diputación Permanente aplique como medida preventiva aquellas cuya categoría no implica una sanción sino una medida cautelar”, dice el documento.
Winckler Ortiz llegó a la Fiscalía General del Estado a finales de 2016 gracias a que el grupo político de Yunes Linares, bajo presiones, hizo renunciar al entonces abogado general, Luis Ángel Bravo Contreras.
Durante su gestión, se confrontó con diversos sectores políticos, sociales y económicos, entre ellos colectivos de desaparecidos, quienes lo señalaron falta de autonomía y poca sensibilidad para atender a la familia.
Durante este año, la mayoría morenista en el Congreso intentó realizarle un juicio político, pero fracasó por falta de operación política y traiciones al interior de la bancada.
Tras tomarle protesta de ley a la encargada de despacho, la diputada panista María Josefina Gamboa Torales advirtió que los diputados de la Permanente cayeron en desacato al tomar una decisión sin que se estuviera en sesión.
“Es un delito federal, es un desacato porque la Permanente no estaba ni en sesión porque ya no estaba nadie en su lugar; están cometiendo todas las ilegalidades y espero que todo el peso del a ley caiga sobre mis compañeros porque no pueden seguir desapareciendo poderes como se les da la gana”.
Los panistas advirtieron que presentarán las denuncias contra quien resulte responsable pues incluso señalaron que los guardias del Congreso local les querían impedir la entrada al recinto de sesiones de la Permanente.
“Vamos a presentar las denuncias correspondientes porque no vamos a permitir que una vez más quieran corromper el Estado de Derecho; los mismos guardias del Congreso empujaron a los diputados y no vamos a dejarnos“.
