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El procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, afirmó ante diputados que las medidas incluidas en el Paquete Económico 2020 para atacar la evasión fiscal tienen una fuerza de “arma nuclear” contra esos ilícitos, ya que ese es el poder requerido “ante un problema que también es nuclear”.
Urge atajarlo con prácticas que incluso han sido calificadas como “infiltración” en las empresas, pues, reconoció, la Secretaría de Hacienda fue infiltrada durante años.
“Ahora necesitamos tener piso parejo e infiltrarlos para combatirlos”, dijo el funcionario en el encuentro del miércoles con diputados de la Comisión Especial sobre Empresas Factureras y Fantasma.
Romero Aranda indicó que son 390 mil millones de pesos los que dejan de ingresar a causa de la facturación falsa, por lo que urge combatirla, ya que los casos son graves, pero en el futuro lo serán más.
Estas mafias van a migrar a otro tipo de delitos, habrá efecto “cucaracha”, y cuando se sientan combatidos buscarán nuevas formas de defraudar y violar la ley, por lo que se requiere que haya fuerza jurídica para actuar, expuso.
El procurador reveló que incluso se encuentra en investigación una red que integra a mil 500 personas y a 3 mil involucrados, lo que muestra cómo la facturación falsa actúa como delincuencia organizada.
En otros casos se ha detectado que funcionarios de algunas dependencias están involucrados tanto en el control de empresas fantasma como en la contratación de éstas. En estos casos se relaciona incluso a personal bancario.
Esto muestra la necesidad, insistió, de aprobar el marco legal que se planteó al Congreso, ya que en éste se consideran como delitos graves la emisión de facturas falsas y la operación de empresas fantasma con carácter de delincuencia organizada, e incluso sancionable, con prisión preventiva oficiosa.
En reunión con los legisladores y la jefa del Sistema de Administración Tributaria, Margarita Ríos-Farjat, ambos funcionarios insistieron en que la reforma para detener la facturación falsa es fundamental para la hacienda pública y el combate a los ilícitos fiscales.
Legisladores como Antonio Ortega, del PRD; Dulce María Sauri, del PRI, y Marco Gómez Alcántar, del PVEM, expresaron sus dudas sobre las propuestas de combate a la evasión fiscal.
Antonio Ortega planteó que se trata de “terrorismo fiscal”, y cuestionó que no se haya previsto aumento presupuestal para modernizar el combate a la evasión fiscal con modernización e inteligencia cibernética.
Dulce María Sauri señaló la inconveniencia de plantear el tema como de seguridad nacional y propuso incluirlo sólo en el Código Penal, como modalidad de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Al respecto, el diputado Reginaldo Sandoval, coordinador de la bancada del PT, expuso que en el encuentro se despejaron dudas, de modo que quedó claro que es un tema de delincuencia organizada, porque pega al tema de lavado de dinero e incluso al tema de movimiento de dinero a nivel internacional.
En tanto, el titular de la Procuraduría Fiscal insistió en que no hay terrorismo fiscal, sino que “lo que pasó es que se soltaron las riendas del control fiscal [y ahora] lo único que estamos haciendo es retomarlas [para] que se vuelva a tener respeto a la autoridad fiscal, nada más”.
No puede hablarse de hostigamiento a los contribuyentes “desde el momento en que se están respetando todas las garantías individuales de las personas que se han sometido a procesos penales”.
Consideró que los empresarios y todos los contribuyentes están obligados, en todo momento, a revisar las facturas que reciben y emitir documentos verídicos, pero continuarán como hasta ahora, “como le hacen con cualquier contador: cada vez que uno emite o reciba una factura, la tiene que revisar.
“El tema no es que las emitan [las facturas], sino que no las compren”, puntualizó.
Romero Aranda fue cuestionado también sobre las millonarias condonaciones fiscales dadas a conocer el pasado martes, y aseguró que quienes se beneficiaron de éstas finalmente se acogieron a lo previsto en la ley, pero eso ya se acabó.
“Cuando se estableció en la ley la posibilidad de esas exenciones de impuestos seguramente se buscó privilegiar a un pequeño grupo de contribuyentes, quienes tuvieron las grandes condonaciones, pero a final de cuentas eso estaba en la ley, y quienes acogieron esos beneficios lo hicieron en apego a lo que estaba en ésta y en los decretos vigentes.
“Lo que se establece ahora es que no haya las grandes condonaciones, y eso se aplicará”, aseguró.
