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Ante la posibilidad de ser procesados penalmente por ganar más que el Presidente de la República, jueces y magistrados solicitaron amparo contra la integración de carpetas de investigación en su contra.
Hasta ayer, la Ley Federal de Remuneraciones y las iniciativas de Morena para reformar el Poder Judicial de la Federación sumaron 512 demandas colectivas de amparo tramitadas por 2 mil 835 personas: 331 jueces, 366 magistrados, mil 37 secretarios, 215 actuarios, 514 oficiales y el resto, burócratas de diversas dependencias.
EL UNIVERSAL tuvo acceso al modelo de amparo preparado por la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados y tramitado por los juzgadores federales, en el que reclamaron que la expedición de la Ley Federal de Remuneraciones, que fue acompañada por una reforma al Código Penal federal, implica la aplicación de sanciones antes de que la primera entre en vigor en 2019.
Esto, debido a que el Código Penal establece que quien gane más de 108 mil pesos, sueldo del Presidente, puede ser encarcelado hasta por 14 años por el delito de remuneración ilícita, además de que si no denuncia a otros servidores públicos que ganan más de esa cantidad, también podría enfrentar una penal similar.
En la demanda, los servidores públicos afirmaron que las reducciones salariales y las sanciones generarán un impacto negativo, porque implican el “riesgo de apertura a la corrupción, porque una reducción tan tangible a los ingresos de muchos funcionarios que devengaban mayor salario a ese monto, se verán impedidos de mantener su proyección de gastos y quedan comprometidos al impago de obligaciones primarias y otras.
“Todos estos efectos negativos representan, como se mencionará en los argumentos de la demanda, una injerencia indebida de un Poder sobre otro, afectando la independencia judicial.
“Igual consideramos que hay que hacer un análisis fuerte de la justificación de la ley, que es una falacia absoluta: ningún Presidente de un país, con las dimensiones de México, podrá generar buen y digno desempeño con un salario tan por debajo del mercado laboral para tomar decisiones que garanticen gobernabilidad aceptable. El Presidente tendrá otra partida en el presupuesto que le compensará esa popular decisión”, indica el documento.
Fuentes federales confirmaron que la mayoría de los jueces que han recibido los amparos están concediendo las suspensiones para que por el momento no se les aplique la Ley Federal de Remuneraciones.
Esta semana vence el término para que los integrantes del PJF soliciten amparo contra la Ley Federal de Remuneraciones, en tanto, el resto de la burocracia mexicana podría solicitar su amparo hasta el primer acto de aplicación de la misma, es decir, una vez que se apruebe el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, en el que se incluyen los salarios de la burocracia.
Además, los quejosos acusaron que existe una campaña negativa injustificada contra el Poder Judicial de la Federación, pues desde la rendición de protesta de los actuales integrantes del Congreso de la Unión, la independencia judicial ha recibido diversos ataques, con los que se intentan justificar las iniciativas impulsadas por el senador Ricardo Monreal.
Advierten que la Ley Federal de Remuneraciones y las iniciativas de Morena constituyen una destrucción al ordenamiento constitucional y al Estado de derecho.
Entre las iniciativas reclamadas está la de reformas a la Ley Orgánica del PJF, que establece la rotación sexenal de jueces y magistrados, someterlos a controles de confianza como el polígrafo, entre otros aspectos.
Indicaron que la exposición de motivos de la iniciativa promovida por Monreal se fundamenta en casos de corrupción —que, afirman, son aislados— y en el informe realizado por el consejero federal, Felipe Borrego Estrada, sobre casos de nepotismo.
Además, indican que se ha hecho un manejo irresponsable sobre la propuesta de reducir los salarios a jueces y magistrados mediante el argumento de que estos son “privilegios escandalosos defendidos celosamente por el Poder Judicial, [lo que] ha provocado que los integrantes de juzgados y tribunales federales se sientan socialmente agredidos y amenazados.
“Tal desprestigio, menoscabo y ataque directo e indirecto a los integrantes de uno de los Poderes de la Unión, consiste en sustentar las normas e iniciativas reclamadas en señalamientos de hechos de corrupción no comprobados ni denunciados formalmente que hayan derivado en la decisión de un órgano facultado para ello, sino sustentados en opiniones personales.
