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El pasado 26 de noviembre el gobierno federal realizó una consulta sobre diez de sus proyectos prioritarios, entre ellos el Tren Maya que recorrerá, aseguró, más de mil 500 kilómetros a lo largo de cinco estados del sur y del sureste —743 ya construidos— con un costo de 120 mil a 150 mil millones de pesos.
Salvo los mapas y la información previos que se dieron a conocer, se trató de una consulta sin detalles del “megaproyecto”, como los datos científicos que debieron presentarse en un informe ejecutivo, igual que el impacto social y ambiental que tendría la obra.
El Tren Maya resultó avalado con 89.9% de los votos, equivalentes a 956 mil personas. Casi tres semanas después, el presidente Andrés Manuel López Obrador le dio un banderazo simbólico el 16 de diciembre mediante un ritual en Palenque con doce comunidades de Chiapas, a fin de pedir permiso a la “Madre Tierra” para su construcción.
Sin embargo, entrevistados por EL UNIVERSAL, representantes de organismos ecologistas coinciden en que cualquier decisión requeriría primero de estudios exhaustivos y, en segundo lugar, de consultas apegadas a la legislación nacional e internacional, como el Acuerdo de Escazú, firmado en 2018 por México y que establece la participación pública y el acceso a la información en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
“Es importante [el Acuerdo de Escazú] porque de alguna manera resume parte de lo que pedimos, que es el acceso a la justicia y la información, así como participar en la toma de decisiones ambientales. Reafirma el cumplimiento de acuerdos internacionales de los que México es parte y embona mucho con el tema del Tren Maya”, explica Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
“Así como ha hecho declaraciones de que prohibirá el fracking y los transgénicos, hacemos un llamado a López Obrador y sus asesores a empezar bien con este tipo de planes, cuidar que no se violen derechos humanos, indígenas y legislaciones en materia ambiental”, abunda la asesora jurídica de Greenpeace México, María Colín.
“Hasta que no se materialice como proyecto ejecutivo y se hagan las consultas y estudios pertinentes, cualquier cosa que se diga es irresponsable”, afirmó por su lado Alejandro Olivera, representante del Centro para la Diversidad Biológica en México.
De acuerdo con los expertos, se requiere un proyecto ejecutivo (estudios técnicos, ruta, inversión y calendario), la Manifestación de Impacto Ambiental basada en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y Ordenamientos Ecológicos del Territorio. Una vez con ellos y la difusión de informes —traducidos a la lengua de las etnias—, podrían efectuarse las consultas a pueblos indígenas y comunidades originarias, basadas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), bajo una metodología.
Dichas legislaciones armonizan con el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también llamado Acuerdo de Escazú (la ciudad de Costa Rica donde fue concebido), firmado por el entonces canciller Luis Videgaray el 28 de septiembre pasado durante el 73 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas.
Formado por 26 artículos, el acuerdo prevé “la creación y el fortalecimiento de capacidades y cooperación para contribuir a la protección del derecho de cada persona y de las generaciones presentes y futuras al desarrollo sostenible y a vivir en un medio ambiente sano”.
Para Colín, esto “significa que [México] tiene la voluntad de cumplir aun cuando falte la ratificación del Senado. Sí hay una expresión de voluntad del Estado de atenerse a las disposiciones para garantizar la implementación efectiva de los derechos en información ambiental, participación pública en la toma de decisiones, acceso a la justicia y fortalecimiento de capacidades, así como proteger a las personas dedicadas a la defensa del medio ambiente”.
Las recomendaciones del convenio, asevera la abogada, señalan que en grandes planes de este tipo los involucrados deben ser informados desde la etapa inicial. “Si abres la primera parte de Escazú, encontrarás los principios de transparencia y de rendición de cuentas que no nos quedan muy claros en estos momentos”, expone.
Una cronología realizada por este diario desde que el Tren Maya fue anunciado, a pesar de que la viabilidad se determina una vez que se elaboraron estudios y luego se procede a las consultas —revisadas por órganos autónomos e imparciales— expone que el gobierno federal se adelantó a darle luz verde.
El 30 de diciembre pasado, por ejemplo, López Obrador exhibió un video que enfatiza que el Tren Maya es “uno de los sueños que se convertirá en realidad”. No obstante, “más allá del convenio de Escazú tenemos leyes nacionales en torno a la participación, acceso e información”, insiste Colín.
Grandes planes
Para Greenpeace, el Centro para la Diversidad Biológica y CEMDA, la consulta de noviembre y la que se pretende hacer este año no se apegan al criterio, metodología, protocolo y seriedad que requieren planes de esta dimensión.
“No estoy hablando de las consultas que ha promovido el presidente, sino por convenio internacional. Tiene que consultarse con las comunidades indígenas, tiene que ser libre, previa, informada”, recalca Alanís. “La experiencia de una consulta no es una cosa que llegues y ya. Tiene etapas, acuerdos previos para elaborar un protocolo, la informativa, la toma de decisiones, no es tan fácil”, apunta Colín.
Por otro lado, coinciden en que el bastón de mando y los grupos presentes en los rituales no reflejan el aval de todas las etnias de la región por la que correría el ferrocarril.
“Cuando hablas del bastón de mando es un grupo, pero en México hay más de 68 grupos indígenas con lenguas y costumbres. La gente que estuvo en los rituales —dice Colín— tampoco puede hablar por todos”. “Es un procedimiento serio que se debe seguir, es un engaño preguntar a las comunidades si están de acuerdo o no si no conocen los detalles”, añade Olivera.
Un caso ejemplar, aplicable en el Tren Maya, comenta Olivera, es la sentencia histórica del amparo 365/2018, según la cual el proyecto de Grupo México para construir la presa Jales Mineros violó el derecho de la comunidad de Bacanuchi, Sonora, que ya había sido afectada por el derrame de residuos tóxicos de la misma empresa, “a participar de manera informada en aquellos asuntos que pudieran afectar su derecho al medio ambiente sano”.
Lo anterior también está contenido en los 17 numerales del artículo 7 del Acuerdo de Escazú, sobre la participación pública en la toma de decisiones ambientales, por lo que sin toda la información previa y los estudios correspondientes una consulta no es válida en términos legales.
Hasta el momento hay diversas acciones de rechazo, entre ellas la queja interpuesta el 17 de diciembre ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por Artículo 27, organismo que argumentó precisamente la falta de consultas y estudios técnicos.
“Tendría que ser una consulta extensa y es importante que no se pierda de vista eso, no queremos como en el sexenio pasado llevar a cabo impugnaciones que terminan en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos o en la CIDH”, resalta Colín.
“Tenemos que ser serios, y los proyectos se deben ajustar a los marcos de la ley”, concluye a su vez Alanís.
