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Ciudad de México.- El bloque opositor, que conforman el PAN, PRI, MC y PRD, en la Cámara de Diputados formalizó la presentación de su contrarreforma educativa que contempla la eliminación de los efectos de la evaluación sobre la permanencia en el servicio.
De acuerdo con la iniciativa que ya se enlistó en la Gaceta Parlamentaria y que suscriben el coordinador de la bancada del PAN, Juan Carlos Romero Hicks; del PRI, René Juárez; de MC, Tonatiuh Bravo Padilla y del PRD, José Ricardo Gallardo Cardona, reconoce a los docentes como agentes primordiales en la transformación de la educación, por ello, elimina la evaluación del desempeño ligada a la permanencia, toda vez que su aplicación, en los términos del texto vigente, ha sido identificada como un elemento punitivo, diluyendo su función diagnóstica y formativa orientada a la mejora de la práctica docente.
Como lo adelantó EL UNIVERSAL este miércoles en su edición impresa la iniciativa describe: “Con esta actualización normativa se aspira a despojar a la evaluación docente de connotaciones punitivas y sumativas privilegiando su contribución a la mejora continua del sistema educativo nacional, al desarrollo profesional de sus integrantes, al respeto de los derechos de todas las personas y al enriquecimiento de los procesos de enseñanza y de aprendizaje”, describe el proyecto en poder de EL UNIVERSAL.
Además, proponen la eliminación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y entrará en su lugar el Centro Nacional para la Mejora Continua de la Educación (el Centro), que también será autónomo, que no dependa de agendas políticas y que le dará preponderancia a lo técnico por encima de lo político.
La evaluación educativa se mantiene, “la medición de mérito debe realizarse por instancias con autonomía plena y técnicamente calificadas para diseñar instrumentos adecuados y adaptados al contexto en donde cada profesor se desenvuelve para poder hacer una interpretación adecuada del mérito y el desempeño docente”.
Puntualiza claramente que la autonomía universitaria se mantiene, “resulta imprescindible en esta iniciativa preservar la fracción VII del artículo tercero constitucional referido a la autonomía universitaria.
Las garantías institucionales que tutela esta fracción: libertad de cátedra e investigación, autodeterminación de planes y programas académicos, autogobierno y libertad para fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, han resultado fundamentales para el desarrollo y consolidación de las universidades autónomas por ley”.
La propuesta de la oposición determina que se busca que la preparación de los docentes no se haga con carácter laboral, sino pedagógica, “la relevancia de los aprendizajes de los estudiantes, el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva como base de la educación, el carácter contextual de los procesos pedagógicos y en la formación inicial y continua de los docentes, entre otros”.
Asimismo, se reconoce la tropicalización de las regiones del país, para distinguir a los maestros por estado y circunstancias.
“La novedad de la propuesta recae en la incorporación de la perspectiva local, contextual y situacional, reconociendo las múltiples dimensiones donde ocurre el fenómeno educativo y que influyen su desarrollo”, destaca la propuesta de la oposición.
