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La Secretaría de la Función Pública (SFP) afirmó que a pesar de que los detalles de la compra de los 500 autotanques para el transporte de combustible —que permiten enfrentar el robo de gasolina y diésel— son un asunto de “seguridad nacional”, divulgó información de esta adquisición, en la que destaca que en 120 horas la comisión creada por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador decidió a qué empresa otorgarle el contrato.
En el documento Informe Institucional de Transparencia en el Proceso de Adquisición de los Auto-Tanques para Transporte de Combustible, la dependencia federal asegura que con el proceso realizado se consiguieron “las mejores condiciones” de contratación en cuanto a precio, calidad, financiamiento y tiempo de entrega bajo las circunstancias emergentes en el país.
“Al tratarse de un asunto de seguridad nacional, el proceso simplificado de compra podría considerarse como información reservada; sin embargo, en aras del principio de máxima publicidad de la información se da a conocer el siguiente informe por parte de la SFP”.
La comisión estuvo conformada por integrantes de la SFP, Secretaría de Economía, de Relaciones Exteriores, de la Defensa Nacional, de Hacienda y Crédito Público, y de Petróleos Mexicanos (Pemex).
La SFP aseguró que acompañó las decisiones del gobierno para responder a las necesidades, que requerían gestiones ágiles, pero responsables, para conseguir las mejores condiciones de contratación en cuanto a precio, calidad, financiamiento y tiempo de entrega, así como para inhibir la falta de control y posibles prácticas corruptas.
“Si bien existe un esquema de selección simplificada de compra, al proceso acudieron 22 empresas interesadas, lo que se tradujo en un esquema más competitivo y mejores condiciones de contratación”, señala el documento.
La dependencia federal indicó que la empresa contratante es III Servicios, S.A. de C.V., empresa filial no paraestatal de Petróleos Mexicanos (Pemex), bajo régimen especial de la Ley de Pemex, por lo que su contratación “se rige por disposiciones de derecho privado”.
Apuntó que debido a que acudieron a Ciudad Juárez, Chihuahua, se pudo verificar la existencia física de la planta de fabricación de una de las empresas seleccionadas en el proceso de compra, “con lo que se busca evitar la simulación y contratación de empresas fantasma”.
En el documento, la SFP detalló que la comisión creada por el titular del Ejecutivo federal arribó el jueves 17 de enero y un día después acudió al Consulado General de México en Nueva York, en donde se verificó que se proporcionara a todos los posibles ofertantes la descripción detallada del objeto de la compra, así como el mecanismo para la contratación de los autotanques y especificaciones técnicas.
El sábado 19 de enero se llevó a cabo una segunda reunión donde las empresas presentaron sus cotizaciones y se les comunicaron los precios de referencia, así como comentarios sobre requerimientos técnicos, recepción de cotizaciones finales y el análisis de éstas. También se seleccionaron empresas conforme a las especificaciones técnicas por parte de Pemex.
Un día después se realizó una reunión, en la que se comunicó el resultado de la selección, las cantidades y montos asignados.
“Se revisó por parte de la SFP el directorio de proveedores y contratistas sancionados, con la finalidad de verificar que las empresas seleccionadas no se encontraran inhabilitadas o contarán con antecedentes de sanción”.
La dependencia indicó que se revisó el objeto social del área contrastante III Servicios S.A. de C.V.
Dos días después, al viajar a Ciudad Juárez, Chihuahua, la comisión se reunió en la oficina de la delegación de la Secretaría de Economía con uno de los proveedores seleccionados y se visitó la planta de fabricación para “observar la existencia física de las instalaciones de fabricación de una de las empresas seleccionadas en el proceso de compra”.
Rechaza presiones. El 18 de enero, el Presidente indicó —en una carta enviada a los titulares de la comisión— que el plan de emergencia denominado DN3 Para el Abasto de Combustible es un asunto de seguridad nacional, por lo que el Estado “no puede estar sometido a ningún poder económico o político, particular, ni tampoco tolerar las amenazas o presiones de la delincuencia organizada”.
Aseguró que la lucha contra la corrupción y, en particular, para erradicar el robo de combustible, “es irreversible”.
