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Las secretarias del Bienestar, María Luisa Albores y de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, advirtieron que el gobierno federal no solapará a servidores públicos que utilicen los recursos destinados a programas sociales con fines políticos o electoreros.
“Los programas sociales que se diseñan y aplican en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador son y serán ajenos a cualquier sesgo o favoritismo partidista”, comprometió Albores.
Agregó que en la administración obradorista “tampoco vamos a solapar delitos cometidos por los servidores públicos y menos con los recursos destinados a atender a las personas que viven en situaciones vulnerables y de pobreza”.
Por eso anunció que se tomarán las acciones pertinentes “en caso de identificar que algún servidor público está utilizando de manera incorrecta los recursos públicos durante procesos electorales”.
Las Secretarías del Bienestar y de la Función Pública (SFP) suscribieron hoy con el Instituto Nacional Electoral (INE) un convenio mediante el cual se blindarán los programas sociales de uso político electoral no sólo en las elecciones de este año, sino hasta que concluya el sexenio, en 2024.
Sánchez Cordero atestiguó la firma de convenio y recordó que, según el artículo 134 de la Constitución, los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los municipios, y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México tienen, en todo tiempo, la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos y sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.
Esto es dijo, una tajante prohibición a que los servidores públicos influyan en la equidad, en la competencia entre los partidos y por ello el gobierno no permitirá delitos electorales o actos de corrupción.
“Los programas sociales que se diseñan y aplican en el Gobierno del presidente López Obrador son y serán ajenos a cualquier sesgo o favoritismo partidista”, afirmó.
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, dijo en su turno que el INE; a su vez, será vigilante de que así sea.
“El INE será, como ha ocurrido, implacable en la aplicación de las sanciones que corresponda”, aseveró.
Eso aplicará para gobierno de cualquier signo, dijo al recordar que hoy gobiernos de todo signo político administran hoy recursos y programas públicos en los distintos niveles de gobierno.
Pidió tener claro que “no hay democracia cuando los programas sociales se usan con fines electorales, no hay democracia cuando los recursos que deben llegar a los más pobres se desvían para promover candidaturas y partidos, no hay democracia cuando se condiciona o restringe el ejercicio de derechos sociales”.
Pero además recordó que el desvío de recursos públicos destinados a la población con mayores necesidades para fines político electorales representa, “no sólo un acto ilegal, sino también una grave vulneración a los derechos sociales, y un ataque frontal a la vida democrática y a la cohesión social tan necesaria en nuestro país”.
