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Lograr la reparación del daño a las víctimas de la represión del movimiento estudiantil de 1968 será uno de los grandes retos que tendrá el gobierno del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, afirma el dirigente del Comité 68, Félix Hernández Gamundi.
En el marco de la conmemoración del 50 aniversario del inicio del movimiento, dice, en entrevista con EL UNIVERSAL, que esta reparación debe incluir que se abran los archivos del Ejército para saber con exactitud quién dio la orden de disparar contra los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, y someter a proceso a los responsables de la represión del movimiento que sigan vivos, entre ellos, el ex presidente Luis Echeverría.
Hernández Gamundi recorre la plaza de La Ciudadela, en la colonia Centro, donde se encuentra la Vocacional 5 del Instituto Politécnico Nacional (IPN), clave en el inicio del movimiento estudiantil.
Desde ahí considera que la reparación colectiva del daño que ofreció la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) es “insuficiente, un simulacro y demagogia, puesto que el gobierno federal sigue sin comprometerse a la acción de la justicia.
¿Qué le parece la reparación colectiva que propone la CEAV a través del memorial en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco?
—Para nosotros la reparación de los daños tiene que seguir un camino lógico e inevitable.
Hablar de un memorial sin comprometerse a la acción de la justicia no tiene sentido, es demagogia, completamente criticable y rechazable. Nos han ofrecido dinero durante años y lo hemos rechazado porque las indemnizaciones son parte de la reparación del daño, así como el reconocimiento con un museo, una estatua o lo que sea, pero el punto más importante es la acción de la justicia.
Estos procesos se resuelven con el rescate de la memoria, la acción de la justicia y el reconocimiento del agresor de su responsabilidad en un delito de lesa humanidad.
¿Qué implica?
—Que los responsables sean procesados de manera penal.
Muy simple. Le han jugado al misterio: no hay información, no se sabe (...), pero hay varias cosas: la presencia del Batallón Olimpia, una unidad élite del Ejército, es un delito en sí misma porque para cualquier milicia regular está prohibido presentarse en actuaciones públicas vestidos de civil; no lo hicieron porque el propósito era confundir y engañar a la gente; luego está el delito fundamental de la agresión y el crimen.
Eso es lo que el gobierno tiene que reconocer, pero se necesita la acción de la ley, que los tribunales tengan la información suficiente, que juzguen a los presuntos responsables y emitan una sentencia.
El tema fundamental es quién dio la orden para que el Ejército actuara en Tlatelolco y eso está en los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Archivos que no se han abierto...
—Llevamos décadas exigiendo que se abran los expedientes y archivos de la Defensa, que vayan a manos del juez de la causa. Ese es el tema. Si la CEAV dice: ‘Estamos en proceso de reparar el daño y vamos a montar el memorial’, está muy bien, pero eso no es una reparación del daño, es simulacro.
¿Será parte de los retos del nuevo gobierno federal?
—Será parte de los retos del nuevo gobierno. Esta demanda no es de tres locos o cuatro nostálgicos, como han dicho los gobiernos del PRI y del PAN.
Este gobierno es de origen distinto, tiene un mandato y un respaldo popular muy claro, y entre las muchas demandas que va a tener que atender figura ésta por delante.
El eje de la campaña electoral que llevó al triunfo de Andrés Manuel [López Obrador] es la lucha contra la corrupción y el compromiso de combatir la impunidad.
Si no hay justicia y no podemos romper la impunidad en estos casos, que dejaron miles de familias lastimadas, no vamos a poder resolver el problema de la violencia que hoy les duele a todos los mexicanos.
Estamos en la postura de seguir impulsando esta demanda de la acción de la ley, porque es de las cosas que más van a cooperar al desarrollo de la democracia en México.
¿Cómo fue que un pleito entre estudiantes del IPN y la UNAM desencadenó en represión?
—Son cosas que llevamos 50 años demandando que se investigue porque las cosas no están debidamente claras. Lo más claro es decir que hubo un pleito entre estudiantes de una prepa contra dos estudiantes de vocacionales del Politécnico. Hubo una riña, pasó la riña, terminó el pleito y después apareció la policía.
¿Cómo se enteraron de la irrupción de la policía?
—Nos enteramos que había habido un pleito el día 22 [de julio]. No le dimos importancia porque era habitual, por la inconformidad de quién ganó el tochito y quién perdió,la disputa por el espacio, las novias (...), lo novedoso fue la aparición de la policía.
¿Cómo se explican esta represión contra adolescentes?
—Hasta la fecha no me lo explico y no lo entiendo, por eso seguimos reclamando que el tema se investigue, y la gente que ordenó los hechos, la mayoría murió, pero ahí está [Luis] Echeverría vivo, él era el secretario de Gobernación y despachaba a 200 metros de La Ciudadela, es imposible que no se enterara, hubo elementos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y soldados vestidos de civil.
Se trata de un acto no fortuito de la policía: no es que a un jefe policiaco se le botó la canica. No, hay una orden clara y queremos saber quién la dio.
¿Qué razones encuentran en el contexto político?
—Estaban muy cerca las Olimpiadas y el gobierno mexicano quería garantizar que transcurrieran en total calma y tranquilidad. En segundo lugar, estaba en proceso la definición del candidato del PRI para la Presidencia de la República.
En tercero, el gobierno tenía mucha experiencia en represiones profilácticas. Cuando iba a venir un visitante distinguido a México, el gobierno provocaba a las fuerzas de oposición con la idea de alebrestar el avispero y detener a la gente que más se movilizaba y reaccionaba. Que salieran los rebeldes.
¿Qué ocurría después?
—Detenía a un grupo de gente a los que consideraba los cuadros de dirección, los encarcelaba unos cuantos días y pasado el evento que querían proteger los liberaban. Eso pasó cuando vino el presidente [de Estados Unidos], John F. Kennedy, y el general Charles De Gaulle, mandatario de Francia.
Cada año hacían lo mismo cuando venía el informe presidencial el 1 de septiembre. Venían las Olimpiadas, México era noticia en el mundo y el gobierno quería asegurarse que los protestadores de siempre estuvieran callados.
¿Qué fue lo diferente en 1968?
—En medio de la alegría y el entusiasmo por los Juegos Olímpicos, la gente estaba inconforme con un partido único de Estado y en los años recientes hubo mucha represión. La lista de estudiantes reprimidos antes de 68 es muy larga: de Guerrero, Sonora, Sinaloa, Durango, Puebla, Oaxaca, Michoacán, la ocupación del Ejército de las instalaciones del Politécnico y el encarcelamiento de los líderes acusados del delito de disolución social.
Entre 1958 y 1961 hubo encarcelamientos de maestros y de ferrocarrileros, una lista muy larga. Había una inconformidad soterrada que crecía, como una olla de presión.
¿Qué pasó a partir de entonces?
Se desata un movimiento de una fuerza inusitada. El gobierno sigue provocando, las escuelas del Politécnico y de la UNAM entran en huelga. El día 28 de julio, el Ejército derriba la puerta de las preparatorias 1 y 2 [de la UNAM], el famoso bazucazo. Ellos ni siquiera estaban en la huelga ni en apoyo a las vocacionales.
El gobierno no tenía nada qué ir a hacer, no hay ninguna otra explicación. Son estudiantes, están en el barrio universitario, seguro están en la huelga. No era cierto.
¿Cómo se fue desencadenando el movimiento estudiantil?
—A raíz del bazucazo, el rector [Javier] Barros Sierra levantó la bandera nacional a media asta en Ciudad Universitaria en señal de duelo. Es un acto de protesta inusual y fueron ocurriendo reacciones que el gobierno no esperaba.
Para el día 29 de julio todos los centros de educación superior, incluso las privadas, entraron a huelga.
En la Ciudad de México había un número muy grande de estudiantes de provincia que empezaron a informar en sus estados y se fueron levantando más huelgas.
Por ello, muy rápidamente, este se convierte en un movimiento nacional. El gobierno sigue diciendo que el movimiento sacudió a la capital de la República. No, hay que tenerlo bien claro: es un movimiento que cunde en el país entero.
¿Qué opina de la propuesta de crear una nueva comisión para analizar otra vez los crímenes del pasado?
—El 68 es una herida que permanece en el corazón de los mexicanos, por eso han pasado 50 años y seguimos sobre el tema. Además, es un crimen horrendo de Estado donde estuvo involucrado el aparato completo: el Poder Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial, todos. Este crimen permanece impune a pesar de ser claro.
Aún así, el poder ha impedido la impartición de la justicia y el nuevo gobierno tiene un reto porque uno de los grandes pendientes es el acceso a la justicia. El problema en México es que la gente común y corriente, de a pie, no tiene acceso a la justicia y eso es grave.
