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Funcionarios y exfuncionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) operaron contrataciones a través de las que se desviaron recursos por más de 568 millones de pesos y actualmente forman parte de las líneas de investigación del gobierno federal en el caso de la "Estafa maestra".
Información a la que EL UNIVERSAL tuvo acceso indica que durante la gestión de Emilio Lozoya al frente de Pemex, la paraestatal suscribió convenios y pagó servicios que no recibió con empresas que no tenían capacidad para ser proveedores, eran fantasma e incluso estuvieron involucradas en fraudes como el de Oceanografía.
Es el mismo esquema con el que operó la "Estafa maestra" en las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
De acuerdo con la documentación a la que este diario tuvo acceso, funcionarios de Pemex durante la gestión de Emilio Lozoya suscribieron contratos de manera irregular. Algunos de ellos forman parte de las investigaciones administrativas que realiza la Secretaría de la Función Pública (SFP) sobre el caso.
Hasta ahora, las contrataciones investigadas suman un monto de 568 millones 615 mil 804.80 pesos, en tanto que los operadores también forman parte de las pesquisas porque registraron movimientos financieros que no concuerdan con los salarios que recibían en Pemex.
Maheca, S.A. de C.V., y Activo Integral Cantarell, entre otras, formaron parte de contratos y convenios en los que se desviaron recursos de Pemex Exploración y Producción (PEP).
Por ello, exfuncionarios como Héctor Vera Argüelles, del área de Coordinación de Programación y Evaluación de Pemex-PEP, y Miguel Ángel Lozada Aguilar, quien estaba en la Subdirección de Producción Región Marina Noreste de PEP, son investigados.
Vera Argüelles trabajó en Pemex hasta octubre de 2010 y posteriormente se convirtió en el representante legal de Maheca, S.A. de C.V., a través de la cual consiguió dos contratos por 127 millones de pesos con la petrolera.
La compañía Maheca se constituyó en 2010 en Yucatán con giro de prestación de servicios profesionales y ante los bancos se registró con giro de construcción.
Los contratos que consiguió para dar servicio a Pemex fueron por subcontratación con la Universidad Popular de Chontalpa en Cárdenas, Tabasco, que firmó un convenio con la Subdirección de Producción Región Marina Noreste de PEP para el servicio de asistencia técnica en materia de producción y perforación de pozos por 140 millones de pesos.
De esa cifra, la universidad facturó 82 mil 863.20 pesos y subcontrató a Maheca por 80 mil 880.40 pesos a pesar de que la empresa no tenía las capacidades para desarrollar los trabajos que Pemex requirió.
Las autoridades detectaron que Maheca distribuyó el dinero entre otras empresas como Pen Commerce, S.A. de C.V., que registraron movimientos financieros inusuales.
Entre agosto y octubre de 2013 Pen Commerce recibió depósitos por 89.9 millones de pesos y realizó retiros por la misma cantidad.
De ese dinero, 3.1 millones de pesos fueron enviados por Maheca y entre 2013 y 2014 Pen Comerce declaró ingresos por 473 millones de pesos y dedujo 471 millones, por lo que en 2015 entró en liquidación.
Esta empresa está identificada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como simuladora y se le investiga por fungir como empresa fachada, pues se calcula que con este rol se benefició con al menos 2 millones 311 mil 200 pesos por participar en las transferencias de dinero de la "Estafa maestra".
En tanto, el representante legal de Maheca, Vera Argüelles, recibió entre 2005 y 2018, periodo que abarca su paso por Pemex, depósitos por 8.1 millones de pesos y realizó retiros por 2.3 millones en Campeche, Veracruz y Tabasco.
Además, entre febrero de 2014 y marzo de 2018 recibió recursos del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Comercio.
Los depósitos que recibió ascienden a 4.2, 4.3 y 4.4 millones de pesos durante febrero de 2014 y 5.5 millones entre marzo de 2017 y marzo de 2018.
Aunque se tiene registrado que Vera Argüelles salió de Pemex en 2010, las autoridades indican que entre 2014 y 2017 declaró 7.6 millones de pesos por concepto de sueldos y salarios en la petrolera.
Lozada Aguilar aparece como administrador de Activo Integral Cantarell en el periodo de 2009 a 2014, empresa ubicada a 80 kilómetros de Ciudad del Carmen, Campeche.
Durante el año 2012 también estaba adscrito a la Subdirección de Producción Región Marina Noreste de PEP, donde trabajó hasta el año 2017.
En dicha área autorizó el convenio 422082806 con la Universidad Popular de la Chontalpa en Cárdenas, Tabasco, para el servicio de asistencia técnica en materia de producción y perforación de pozos para esa subdirección por 140 millones de pesos. Este convenio es el que la universidad subcontrató con Maheca, empresa representada por Vera Argüelles.
En agosto de 2015, Lozada Aguilar depositó 2 millones 636 mil 176.20 pesos a un fideicomiso en Banregio con el número 851-00800; vendió dos inmuebles en 2007 por 6,195 y en 2016 otro por 3.3 millones de pesos.
Entre junio y octubre de 2017 Lozada Aguilar recibió depósitos por 448 mil pesos y retiró 427 mil y, de acuerdo con sus declaraciones, entre 2013 y 2017, cuando era trabajador de Pemex, reportó ingresos por 15.9 millones de pesos por concepto de sueldos y salarios.
Entre 2015 y 2018 viajó más de 40 veces a Houston, Texas, donde las autoridades federales presumen que tiene negocios o inversiones.
Los que permanecen en Pemex. También forman parte de las investigaciones actuales funcionarios de Pemex como Luis Manuel Galván Arcos, gerente corporativo de Pemex PEP; Héctor Salvador Salgado Castro, administrador operativo y comercial, y Luz María Zarza Delgado, subdirectora de Consultoría Jurídica del Consejo de Administración de Pemex.
Galván Arcos está vinculado con licitaciones irregulares por 170 millones de pesos en las que las universidades de Campeche, Chontalpa y el Instituto Tecnológico de Comalcalco transfirieron recursos a nueve empresas fantasma entre 2013 y 2014.
Su situación patrimonial es investigada debido a que en 2005 recibió depósitos por 470 mil pesos en Monterrey, pero para el año 2017 recibió depósitos por 4.5 millones de pesos, mismos que retiró en su totalidad.
Entre 2015 y 2018 recibió 4.4 millones de pesos de Pemex y de 2011 a 2016 declaró ingresos por 14.1 millones de pesos por concepto de sueldos y salarios en la petrolera.
Salgado Castro es señalado porque firmó un convenio por 90 millones 213 mil pesos a través de la Subdirección de Desarrollo de Campos de Pemex PEP con el Instituto Superior de Comalcalco, que a su vez pagó el dinero a Integrated Reservoird Management de México, que se desmanteló después de recibir 83 millones 898 mil pesos.
Por formar parte de la triangulación de recursos como intermediario, el instituto supuestamente se quedó con 6 millones 315 mil pesos.
Zarza Delgado es investigada desde su vinculación con los sobornos de Obrascón Huarte Lain (OHL) México a magistrados y porque durante su periodo como consejera jurídica del Estado de México (2011-2017) la ASF observó que participó en contratos que pudieran estar relacionados con la "Estafa maestra".
