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En lo que va del año, Diconsa ha gastado más de 47 millones de pesos en la compra de galletas, harinas y productos con alto contenido calórico para abastecer sus tiendas, que atienden a población con alta marginación.
Especialistas consultados por EL UNIVERSAL advirtieron que este organismo no debería reforzar la obesidad con la venta de este tipo de productos que, aunque se encuentran en la canasta básica, no contribuyen a una sana nutrición.
De acuerdo con la plataforma CompraNet, la paraestatal —que fue fusionada con Liconsa para formar el organismo de la Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex)— celebró, en el primer semestre del año, 132 contratos por adjudicación directa con Pepsico para adquirir galletas, cereal industrializado, en hojuelas, avena y harina para hot cakes. Este diario pidió a Diconsa una postura sobre el tema, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) en 2016 indican que 73% de la población adulta padece sobrepeso u obesidad; es decir, siete de cada 10 adultos. Mientras, cuatro de cada 10 jóvenes estaban en esta condición, al igual que uno de cada tres niños.
Abelardo Ávila, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, indicó que Diconsa mantiene una política de distribución de alimentos que son más consumidos por la población y de alto contenido calórico, en lugar de promover la compra de productos de agricultores locales para impulsar una dieta sana.
“Se han combinado una serie de factores para que se genere una tormenta perfecta que ha derivado en el aumento de la obesidad y sobrepeso; la política alimentaria, la de transferencias monetarias a la población, y la fiscal han aumentado el consumo de productos con altos niveles de azúcar”, dijo.
Diconsa opera el Programa de Abasto Rural con más de 27 mil tiendas fijas y 300 móviles en todo el país; cuenta con 302 almacenes rurales y centrales, tres almacenes graneleros y casi 4 mil vehículos. Esta política pública busca garantizar el acceso a la alimentación facilitando el acceso físico o económico a productos básicos y complementarios económicos y de calidad.
Ávila Curiel enfatizó que el programa de abasto social debería contribuir a una mejor nutrición y recordó que hace seis años la paraestatal buscó a expertos en nutrición para reorientar las compras hacia productos más saludables; sin embargo, el proyecto no se concluyó.
“Queríamos eliminar todas las compras de alimentos chatarra, pero el esfuerzo ahí quedó. Cuando inició esta administración esperábamos un cambio, pero vemos que la canasta básica sólo es una lista de ofertas con alimentos que no tienen una lógica de salud, sino de satisfacer una demanda distorsionada que es la causante de la epidemia de obesidad y daño a la salud que se vive en México”, resaltó.
De entre los 132 contratos celebrados con Pepsico destacan los que superan el millón de pesos, concertados en Nuevo León, Chiapas, Tabasco, Durango y Nayarit, donde se adquirieron galletas, las cuales aparecen en los documentos como diversas y básicas.
Bajo el rubro “Galletas diversas”, Nuevo León gastó un millón 541 mil 167 pesos; por el concepto de “Galletas básicas y diversas”, Chiapas firmó un contrato de un millón 375 mil 392 pesos, mientras que Tabasco pagó un millón 312 mil 45 pesos.
Salvador Rivas, investigador de la Universidad Panamericana, pidió indagar estas adquisiciones realizadas por Diconsa, puesto que este organismo debe impulsar la compra a pequeños productores nacionales. Asimismo, reiteró la necesidad de replantear los productos de la canasta básica, a fin de que sean retirados aquellos con altos niveles de azúcares y carbohidratos para sustituirlos con alimentos nutritivos.
“Debemos tener dos tipos de canasta básica: aquella que mida el poder adquisitivo de las familias y otra que se defina en función de la calidad nutricional de alimentos que sean accesibles para la población de escasos recursos. Pepsi no tiene nada que hacer en las compras de Diconsa, por lo que deben de investigarse”, subrayó.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señala que la canasta alimentaria se compone de productos como maíz, arroz, carne de pollo, pescado, frutas, carne de res, pescado, verduras y leguminosas, así como leche y aceite vegetal. Hasta abril de 2019, el valor de la canasta alimentaria para las zonas urbanas se ubicó en mil 569 pesos, y el de las zonas rurales, en mil 117 pesos.
Para Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, es preocupante que la paraestatal venda productos que pueden reforzar la obesidad o la desnutrición, sobre todo en zonas rurales.
“Hay productos que no deberían estar en la canasta básica de Diconsa. La paraestatal no debería reforzar la obesidad ni la desnutrición. Hay preocupación, sobre todo en los ambientes rurales, en donde hay temas rezagados, como la desnutrición. Viven a la par un incremento del sobrepeso y la obesidad. Son poblaciones vulnerables”.
Gamaliel Cano, especialista en Nutrición, mencionó que a pesar de que a inicio de año se introdujeron distintos tipos de carnes —pollo, res y cerdo— a la canasta básica, es difícil que una familia con un ingreso mínimo pueda consumirlas.
“La canasta debería modificarse tomando en cuenta la cultura y la localidad. En zonas costeras, por ejemplo, el pescado es de más fácil acceso que en zonas centrales; en zonas ganaderas, la carne o la leche”, señaló.
