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En 28 estados se abrieron 2 mil 998 carpetas de investigación por ataques contra mujeres, pero sólo 405 fueron catalogadas como tentativa (intento) de feminicidio, de 2012 a septiembre de 2019, según información obtenida vía transparencia de fiscalías y procuradurías. El resto, que representa 86%, fue registrado como tentativa de homicidio doloso por el Ministerio Público (MP). EL UNIVERSAL presenta casos de mujeres sobrevivientes que reportan que el proceso de procuración e impartición de justicia es complicado y no las favorece.
Aguascalientes, Baja California Sur, Hidalgo y Nayarit son los estados que no entregaron los datos solicitados al cierre de esta edición.
Desnuda, adolorida y con miedo, Carolina supo que cualquier ruido despertaría a David, su exesposo, quien horas antes la golpeó, torturó y amenazó con asesinarlas a ella y a su hija: “Te voy a quemar y tus restos los voy a aventar a un basurero”, sentenció.
En medio de la oscuridad, la mujer se arrastró para escapar del domicilio de su exmarido en la Ciudad de México. El lado izquierdo de su cuerpo estaba paralizado por un accidente cerebrovascular que sufrió unas semanas antes.
Sobrevivió al ataque de David en 2014, pero su lucha seguiría ante la renuencia de las autoridades por impartir justicia con perspectiva de género. El delito por el que se acusó a su expareja cambió varias veces en un año. Primero fueron lesiones, luego tentativa de feminicidio, pero finalmente se le juzgó por tentativa de homicidio doloso y la sentencia fue por ocho años y cuatro meses de prisión y el pago de 15 mil 163 pesos.
“La autoridad siempre lo reduce a lesiones o a violencia familiar, pero no a que es una tentativa de feminicidio”, explicó María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Es muy difícil acreditar la tentativa de homicidio contra mujeres porque a las autoridades, sobre todo a la judicial y las procuradurías, les es complicado entender que la mujer pudo haber sido asesinada, pero se salvó, dijo.
David fue detenido el mismo día que intentó matar a Carolina. El Ministerio Público fue al hospital en donde la mujer era atendida. En 10 minutos ella contó la agresión y el MP determinó que eran lesiones.
La sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso de Mariana Lima, quien fue asesinada presuntamente por su marido en 2009, sentó el precedente en 2015 para que toda muerte violenta de una mujer se investigue con perspectiva de género. Expertos explican que esto se considera también para intento de feminicidios.
Los patrones que nadie quiere ver
El pasado 25 de noviembre, en la capital del país, Abril Pérez fue asesinada frente a sus hijos. Dos sujetos le dispararon desde una moto. El principal sospechoso fue su exmarido, a quien denunció con anterioridad porque mientras dormía la golpeó con un bate de béisbol en la cabeza. Sin embargo, en ese momento su caso no fue investigado como tentativa de feminicidio sino como violencia intrafamiliar y lesiones, lo que permitió a su agresor seguir el proceso en libertad.
Carlos Trujillo fue uno de los jueces que participó en el caso de Abril, él también estuvo encargado de la sentencia del exesposo de Carolina en 2015: “Es el que dicta la sentencia mínima y que no acepta la reclasificación de homicidio en grado de tentativa hacia feminicidio, como se había hecho desde la consignación”, recordó Carolina.
En la sentencia de David se estipuló que su exesposa iba a tener medidas de seguridad para que él no se le acercara, pero el periodo contemplado sólo abarcaba el tiempo en el que su agresor estuviera en la cárcel, es decir que cuando estuviera en libertad se la quitarían: “No hay políticas públicas para nosotras [sobrevivientes a las agresiones] para poder recuperarnos física ni mentalmente”, denunció Carolina, quien es defensora de derechos humanos de las mujeres.
No hay registros de las tentativas de feminicidio ni de homicidio doloso contra una mujer en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que se encarga de otorgar información sobre la incidencia delictiva federal y estatales, esto, pese a contar con un documento especializado sobre violencia contra las mujeres.
Las fiscalías de Nuevo León, Estado de México y Michoacán respondieron a este diario vía solicitud de transparencia que no procesan datos de las tentativas de feminicidio.
“El gran problema es que no se registra la tentativa de feminicidio porque no lo consideran un delito concluido, entonces, lo que tenemos que hacer es impulsar que se registre”, demandó en entrevista Candelaria Ochoa Ávalos, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
También indicó que es necesario que se homologue el delito de feminicidio con el Código Penal Federal; evaluar los riesgos de las mujeres que sufrieron una tentativa de feminicidio para que se registren sus casos; implementar todas las medidas de protección y otorgar órdenes de protección para que precisamente quien las pudo haber asesinado, no se acerque a ellas.
“La orden de protección está emitida bajo estricta responsabilidad del Ministerio Público, según su discrecionalidad, de acuerdo con él revisa y evalúa el caso […] Entonces, según el funcionario o funcionaria que nos encontramos enfrente, podemos o no salvarnos”, subrayó Emannuela Borzacchiello, asesora del grupo multidisciplinario de la Alerta de Género de la Ciudad de México.
El peligro de que se persiga el delito como violencia familiar o lesiones es que la autoridad libera a los agresores. Entonces, las mujeres terminan escondidas, viven con miedo o pueden ser víctimas de un feminicidio, señaló María de la Luz Estrada.
En el fuero federal, el delito de feminicidio lo comete quien prive de la vida a una mujer por razones de género y se considera así cuando concurre que la víctima presente signos de violencia sexual; se le hayan infligido lesiones o mutilaciones; existan antecedentes de violencia familiar, laboral o escolar; existan datos de que hubo amenazas, lesiones o acoso; la víctima haya sido incomunicada o su cuerpo haya sido expuesto en un lugar público. El homicidio doloso se comete cuando hay premeditación, ventaja, alevosía o traición, indica el mismo código penal.
“Valemos más muertas que vivas”
La expareja y padre de dos hijos de Keren la acechaba. Tenía más de un año que se habían separado, pero él le repetía en cada encuentro: “Si no vas a estar conmigo no vas a estar con nadie”. Una noche de 2014, al salir de su trabajo en un gimnasio al norte de la capital del país, él intentó asesinarla.
Recibió 16 puñaladas en varias partes del cuerpo, principalmente en cuello y cara: “Yo puedo platicarlo porque sobreviví de milagro, pero lamentablemente muchas no y es triste que para ellos [las autoridades] valgamos más muertas que vivas”, narró Keren.
En 2013, un año antes del ataque de su expareja, ella quiso denunciarlo por amenazas, agresiones y violencia familiar. Lo primero que escuchó en el Ministerio Público fue: “¿Segura?, porque vienen, levantan las actas y al rato ya regresan con ellos”, contó Keren. Ella respondió que ese no era su caso, que si estaba ahí era porque tenía miedo, pero las autoridades sólo levantaron un acta de hechos y le dieron un número telefónico para pedir ayuda si lo requería. Ella pensó que le darían protección y que su caso sería investigado, pero al no ver resultados pensó que lo único que podía hacer era aguantar.
“Las mujeres denuncian, el problema es que no tienen un sistema de justicia que las atienda y que les facilite el acceso a la justicia, registrar la tentativa de feminicidio significa también, y sobre todo, visibilizar cuando el sistema de justicia no funciona y no las salva, porque ellas gritaron, nadie contestó, ese es el problema”, explicó la especialista Emannuela Borzacchiello.
El agresor de Keren está en el Reclusorio Norte cumpliendo una pena de 10 años de prisión. Después de un arduo trabajo legal se logró que fuera juzgado por tentativa de feminicidio. Destaca que Luis Alejandro Díaz Antonio, otro de los jueces involucrados y suspendidos por el caso de Abril Pérez, atendió el suyo como secretario de acuerdos.
“Cuando se minimiza que una mujer se salvó y que si no la protegen la van a matar, si no lo entiende la autoridad y no tiene esa capacidad, no puede estar al frente de poder juzgar e investigar delitos de género”, explicó la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
No todas las mujeres sobrevivieron a los ataques mortales en este país. Hubo 3 mil 454 feminicidios de 2015 a octubre de este año, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, siendo 2018 el año con más muertes, con un total de 891, lo que representa 26% de este flagelo en el periodo estudiado. Asimismo, los homicidios dolosos contra una mujer alcanzaron la cifra de 11 mil 543, colocándose, de igual manera, 2018 como el año más letal, con 2 mil 773 asesinatos.
