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Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), aseguró que las reformas en materia judicial penal buscarán atender los factores de inseguridad, corrupción e impunidad y la prevención del delito.
En la reunión que mantuvo este miércoles con los coordinadores parlamentarios del Senado de la República y la presidenta de esa Cámara, Mónica Fernández Balboa; Gertz Manero adelantó que las iniciativas estarán listas el próximo 1 de febrero.
La senadora presidenta anotó que las reformas a al menos nueve ordenamientos legales serán una respuesta “fundamental, compleja e integral, a una sociedad que está cansada e indignada por los problemas de inseguridad a lo largo de más de una década”.
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que para el gobierno federal “es fundamental el fortalecimiento del sistema de justica” y celebró el esfuerzo coordinado de los poderes federales “para buscar soluciones”.
Gertz Manero afirmó que, pese la reforma al sistema penal acusatorio --concretada en junio de 2016, ocho años después de su aprobación--, este ha dejado respuestas parciales y no ha atendido la raíz del problema.
Entre los puntos destacados de las modificaciones, el fiscal general mexicano mencionó la emisión de la Ley de Justicia Cívica, que busca prevenir la violencia y el delito con penas de ayuda comunitaria.
Gertz Manero explicó que las sanciones civiles pretenden generar sentido de responsabilidad para con la comunidad y evitar la sobrepoblación en los centros de reinserción social, imponiendo advertencias para prevenir la comisión de delitos.
“Porque si no, nos pasa que los que se roban un país pueden andar en la calle, y los que se roban 20 pesos tienen que pasar el resto de su vida en una cárcel. Eso es verdaderamente lo más perverso que puede ocurrir y eso es lo que nos pasa en este país”, dijo.
Sobre la homologación del Código Nacional de Procedimientos Penales, el fiscal aclaró que las entidades tendrán la libertad de añadir o eliminar delitos, de acuerdo con la cultura de cada región; pero garantizará un proceso justo a cada imputado.
Además, criticó de ser “una ofensa incalificable”, que la víctima no pueda presentarse directamente ante un juez y dependa de las acciones del ministerio público, o de que la policía presente los requisitos necesarios para detener a un sospechoso.
“Que el Ministerio Público sea auxiliar del que lo necesite; que el Ministerio Público actúe como lo manden los jueces; que el Ministerio Público defienda los intereses de la Nación; pero que los particulares podamos ir ante los jueces a defendernos, eso es fundamental”, señaló.
Gertz Manero también detalló que la Ley Nacional de Ejecución Penal pretende “poner lógica en el sistema de readaptación social”, y crear un sistema de ‘cárceles abiertas’, donde los que delincan por primera vez “no conviertan en alumnos de las escuelas del crimen”.
Concluyó con la Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, que pretende atender los delitos cometidos por adolescentes, quienes –dijo- tienen consciencia de sus acciones y una responsabilidad para con la comunidad afectada.
