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El gobierno del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, deberá tener mano dura con los líderes sindicales para evitar actos de corrupción y construir una nueva relación con los sindicatos, así como con el resto del sector laboral, advirtieron especialistas.
Ante el regreso de personajes como Elba Esther Gordillo y Napoleón Gómez Urrutia, académicos consideraron que el retorno a la escena pública de estas figuras no es un factor que determinará las relaciones del nuevo gobierno con el sindicalismo; sin embargo, indicaron que se deben modernizar las relaciones laborales para erradicar a los capos sindicales y hacer que estas organizaciones sean más transparentes en el uso de las coutas.
Para Alfonso Bouzas, catedrático del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, el sindicalismo de capos tiene que ser superado para transitar hacia una nueva relación con estas organizaciones; resaltó que una de las prioridades de la nueva administración debe ser la reforma laboral, para acabar con los contratos de protección.
Destacó que la dinámica internacional demanda que México supere las relaciones corporativistas en el sector laboral, con el fin de que México sea aceptado en los tratados comerciales de los cuales pretende ser parte.
“Sin lugar a dudas no va a ser fácil, van a encontrar la forma de hacer gatopardismo y mantener el esquema tripartita que a ellos los coloca a la cabeza. El país tiene que modernizar sus relaciones laborales y un aspecto fundamental es acabar con los contratos colectivos de protección patronal que son simple y sencillamente simulación contractual”, refirió.
Indicó que el nuevo gobierno deberá tener mano dura con los líderes sindicales para evitar abusos y casos de corrupción. Comentó que se debe dotar de mecanismos a los trabajadores para que conozcan el uso que hacen sus dirigentes de las cuotas sindicales.
Manuel Fuentes Muñiz, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), consideró que uno de los grandes retos del nuevo gobierno es la creación de una “gran reforma laboral” que modernice las relaciones del Estado con este sector, en la que exista una consulta amplia entre los trabajadores para que se prioricen sus intereses por encima de los del sector empresarial.
Destacó que se necesita que esta reforma se concrete para que se acaben los contratos de protección; refirió que 95% de los contratos colectivos de trabajo se encuentran en esta modalidad, los cuales son “de fantasía y sólo sirven para proteger intereses de las empresas, va ligada esta dinámica al outsourcing”.
Para el investigador de la UAM, el regreso de Gordillo y Gómez Urrutia es un “tema secundario”, puesto que a nivel nacional hay una discusión en las organizaciones sindicales sobre cómo debe ser la relación con el nuevo gobierno, en el que no haya caudillos y se democraticen los sindicatos.
Indicó que debe haber una mayor participación de los trabajadores en las revisiones de los contratos, dado que en el modelo actual sólo los dirigentes están presentes en el proceso, lo que genera corrupción.
Germán de la Garza, abogado laborista del despacho De la Vega y Martínez, resaltó que los sindicatos deben establecer reglas más estrictas para la transparencia y vigilancia del manejo de las cuotas, con el fin de que sean los agremiados los beneficiados y no sus dirigentes.
Consideró que de nada servirá que se obligue a los líderes a hacer públicas sus cuentas, si no se establecen controles al interior de estas organizaciones.
