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CDMX.- El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, denunció que un juez permitió la liberación de otros 24 inculpados en el caso de desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
En conferencia de prensa, informó que el juez Primero de Distrito de Procesos Penales en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, otorgó el sábado las liberaciones.
Encinas señaló que las resoluciones del juez en el caso Ayotzinapa, que permitió la liberación de 24 inculpados, demuestra la podredumbre en que se encuentra el sistema de impartición de justicia del país, “que huele a podrido”.
Encinas Rodríguez adelantó que ante estas resoluciones la Fiscalía General presentará los recursos y diligencias necesarios para denunciar a los servidores públicos que no cumplieron con sus responsabilidad en el desarrollo de la investigación, en particular, contra Jesús Murillo Karam, Tomás Zerón de Lucio, y José Aarón Pérez Carro, quien fuera titular de la Unidad Especial para el caso de la mal llamada “verdad histórica”.
“Estas resoluciones es una afrenta a las víctimas, a los padres de familia, y a la justicia de nuestro país. Es una burla a la justicia, ya que estas resoluciones alientan el silencio, la complicidad y la impunidad para conocer la verdad, y muestra la miseria. Demuestra la podredumbre en que se encuentra el sistema de impartición de justicia del país, que huele a podrido”, expresó.
En conferencia de prensa, el subsecretario lamentó que el juez considera desde su perspectiva como “insuficientes”, las pruebas que acreditaban los actos perpetrados por los grupos criminales Guerreros Unidos, Los Bélicos, y por policías municipales de Iguala, Cocula, Huitzuco, que son los que obtuvieron la libertad.
Por lo anterior, indicó que la Fiscalía General presentará acciones al margen de las sentencias del Tribunal Colegiado para fincar responsabilidades a los liberados, además de que la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa, aportará los elementos necesarios y que estén a su alcance para inculpar de nueva cuenta a los liberados.
“Queremos señalar al Poder Judicial de la Federación que estas resoluciones son una afrenta a los trabajos que desarrolla el gobierno federal, a través de la Comisión presidencial, ya que no observó la jurisprudencia presentada, y que determina que la declaración emitida por tortura obliga a reponer el procedimiento y la investigación”, asentó.
Alejandro Encinas calificó la liberación como parte de las viejas prácticas que se dan en “sabadazo y en puente”, ya que la resolución no cuenta con la firma del juez, sino de la secretaria de acuerdos Adriana Ruvalcaba Velásquez.
