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A dos años de la implementación nacional del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, los eslabones más débiles son los ministerios públicos y los policías, organismos y entidades que no han logrado disminuir considerablemente las prácticas que caracterizaban al sistema tradicional. Lo anterior lo concluye un estudio del World Justice Project (WJP) para el que utilizaron estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) 2016.
Al encuestar a 58 mil reos de todo el país, se les preguntó sobre distintas formas de maltrato o tortura de las que pudieron ser víctimas. La más reportada en ambos sistemas fue la incomunicación, puesto que 61% afirmó haberla padecido en el sistema tradicional y 52% en el acusatorio.
En niveles parecidos reportan haber recibido golpes o patadas, incidentes que en el sistema tradicional registró 61% de los encuestados y 54% de arrestados en el nuevo sistema.
Roberto Hernández, investigador del WJP, resaltó la poca capacitación de policías o primeros respondientes del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, así como de ministerios públicos que no realizan investigación eficiente y presentan declaraciones de imputados como datos de prueba válidos, aun con irregularidades.
Layda Negrete, del WJP, afirmó que a pesar de que a nivel nacional las estadísticas no muestran avances grandes, vale la pena considerar que el éxito de la reforma penal —que este 2018 cumple 10 años— depende del tiempo y el trabajo constante de todos los operadores.
Negrete observó que las mejores prácticas registradas en el país y donde es posible afirmar que el sistema acusatorio ha tenido éxito están en los ocho estados que implementaron primero esta modalidad —Baja California, Chihuahua, Estado de México, Morelos, Guanajuato, Oaxaca, Yucatán y Zacatecas— por lo que las cifras nacionales no muestran un repunte en los cambios.
Destacó el caso de Chihuahua, donde la cifra de personas en la cárcel que han sido declaradas culpables supera el promedio nacional y son más los detenidos con orden de aprehensión.
La encuesta resalta que 5% de los consultados fueron mujeres. El WJP midió las experiencias de los inculpados desde el momento de su arresto hasta el dictado de las sentencias y realizó una comparativa de datos entre los que vivieron su proceso, de acuerdo con el nuevo ordenamiento legal y el tradicional.
La organización concluyó que si bien la evolución del sistema acusatorio es positiva y sus resultados alientan a continuar perfeccionando la operación del mismo, el trato a los detenidos durante las aprehensiones en el Ministerio Público no cambia.
La comparación en los niveles de maltrato reportado por los reos que fueron detenidos bajo alguno de los sistemas de justicia no registra grandes diferencias.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) reporta que de 2016 a 2017 se registró a nivel nacional un incremento de impugnaciones a las determinaciones del Ministerio Público de 114 casos a 2 mil 153.
Según el WJP, 32% de los reos encuestados cuyos procesos fueron llevados conforme al anterior sistema afirmaron que su sentencia fue clara; en el nuevo sistema esta cifra se eleva a 61% de sentenciados.
Debido a que a nivel nacional las audiencias deben ser videograbadas, la presencia de los jueces en las mismas, según los presos, fue de 69%; en el anterior sistema esto ocurrió en 24% de casos.
Los especialistas que participaron en la investigación afirmaron que la encuesta del Inegi no permite medir si el nuevo sistema es una puerta giratoria para delincuentes.
Sergio López Ayllón, director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), afirmó que únicamente el Poder Judicial de la Federación reporta estadísticas con las que se mide si hay más liberaciones que judicializaciones de asuntos.
Comentó que a nivel local los tribunales no dan seguimientos a esos registros, por lo que se requiere que comiencen a llevarlo para hacer un mejor diagnóstico del sistema.
El CJF registró 46% en la judicialización de causas con detenido; 42% sin detenido y 11% en los que el imputado siguió su proceso en libertad durante 2016.
“Hemos acertado en que básicamente en todos los estados de la República ya transitamos al modelo, aunque funciona asimétricamente, [se lleva a cabo] mejor en unos estados que en otros, ya estamos en esa ruta”, agregó el Consejo de la Judicatura Federal.
Maltrato
Según la encuesta del Inegi, los reos reportaron cifras parecidas de maltrato en el anterior y el nuevo sistema durante sus detenciones en el ministerio público.
La forma de vejación más reportada fue la incomunicación, que 61% de los encuestados aseguró haber padecido en el sistema tradicional y 52% en el acusatorio.
El 55% de los presos en el anterior sistema indicaron que fueron amenazados o inculpados con evidencia fabricada; en el nuevo esto fue reportado en 47% de los casos.
La tercera forma de tortura reportada por los presos fue que los desnudaron: 48% lo reportó en el anterior sistema y 44% en el nuevo.
Aunque la violación forma parte de la tortura y sus índices son bajos, 5% de los encuestados reportó haberla padecido en el anterior sistema y 3% en el modificado. El World Justice Project observó que la incidencia en mujeres encuestadas por el Inegi resulta preocupante.
Las autoridades denunciadas por violación sexual en la encuesta son la Secretaría de Marina, Ejército, las policías Ministerial, Federal, Estatal y Municipal.
De los 58 mil presos entrevistados por el Inegi, 5% fueron mujeres. De esta muestra, 41% asegura haber sido violadas por elementos de la Marina; 21% por miembros el Ejército; 13% por las policías Ministerial y Federal, y 10% por las estatales, así como por las municipales.
