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El grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República busca darle autonomía técnica y de gestión a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, bajo el argumento de que a través del dinero de procedencia ilícita o lavado se pueda financiar al terrorismo.
Los morenistas prevén poner más candados a la fiscalización de las organizaciones civiles, fideicomisos, sindicatos, iglesias o agrupaciones que realicen actividades “vulnerables”, bajo el argumento de que a través de éstas puede haber dinero de procedencia ilícita, lavado o financiamiento al terrorismo.
De acuerdo con el predictamen que circuló entre los senadores integrantes de las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos Segunda, y del que tiene copia EL UNIVERSAL, señala que es indispensable prevenir e identificar operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita para el financiamiento al terrorismo.
El documento señala que en consideración de hechos recientes en los que se ha podido observar la actuación del crimen organizado “que ha utilizado mecanismos de amenaza en contra de gobierno para que éste asuma alguna determinación, específicamente en el combate al robo de hidrocarburos. Tales actos bien pueden catalogarse de terroristas, pues contemplan los elementos del tipo penal vigente”.
La propuesta, que retoma iniciativas del coordinador Ricardo Monreal y del senador Daniel Gutiérrez Castorena, tiene como finalidad que se incorpore el tipo penal de financiamiento al terrorismo al catálogo de los ilícitos respecto de los cuales se les puede imponer alguna o varias consecuencias jurídicas a las personas por su intervención en la comisión de delitos.
Añade que las presentes modificaciones son también con el objetivo de dar “estricto” cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (Gafi), organismo intergubernamental que se ha pronunciado sobre la tipificación del delito de financiamiento al terrorismo.
Por lo anterior, las bancadas de oposición han externado la necesidad de discutir la propuesta por medio de parlamento abierto.
El pasado jueves 21 de marzo, el coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, señaló que tras conocer el dictamen en comisiones, la oposición solicitó no discutir esta iniciativa hasta poder dialogar con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, para conocer exactamente qué es lo que se está planteando como necesidad.
“Es un tema muy relevante, verdaderamente importante diría yo, entonces lo que pedimos es que no se pasara a votación, sino que se dejara abierta la sesión y se declaró en sesión permanente hasta en tanto no tengamos estos diálogos. Les vuelvo a insistir, es un asunto muy relevante, es un asunto muy importante que nosotros tenemos que ver y analizar con mucho cuidado”, expresó.
El predictamen que reforma la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita tiene como finalidad “trasladar las facultades” de la Secretaría de Hacienda y de la Fiscalía General de la República (FGR) hacia la UIF, para que sea la responsable de investigar y sancionar este tipo de delitos, al darle autonomía técnica y de gestión.
Además, prevén que esa unidad esté a cargo del análisis, la prevención y el combate de los delitos con las operaciones referidas.
El texto indica que se facultará a la UIF para coordinar con los tres órdenes de gobierno los mecanismos de recepción y análisis de información en materia de lavado de dinero y el establecimiento de procedimientos para la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“[También se busca] establecer a nivel local las Unidades de Inteligencia Patrimonial Estatales, las cuales se encargarán de recibir y analizar la información relacionada con el lavado de dinero, así como la prevención y detección de las operaciones en comento”, se lee.
Plantea que quienes realizan actividades vulnerables no financieras, incluidos los notarios, mantengan medidas de control, incluyendo la revisión por parte de un auditor externo y que los “testaferros o prestanombres” tengan una sanción para evitar la impunidad.
El proyecto a discutir establece que el resultado de la revisión deberá presentarse a manera de informe, a fin de evaluar la eficacia operativa de los lineamientos, criterios, medidas y procedimientos implementados, y dar seguimiento a los programas de acción correctiva que resulten aplicables.
La propuesta contempla que los requisitos que debe contener el informe y los que debe reunir el auditor externo se establezcan en disposiciones de carácter general y que ese informe deberá hacerse del conocimiento del Servicio de Administración Tributaria.
“Propone establecer que la omisión de enviar dentro del plazo establecido el informe constituirá infracción a la que se le aplicará la multa prevista en la fracción II del artículo 54 de la Ley”, señala.
