La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó medidas cautelares para retirar 200 mil tarjetas de “Ingreso Básico Universal” (IBU) que se distribuyen en favor del candidato presidencial de la Coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya.

Empero, se dio vista al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) por el posible uso irregular de información de los ciudadanos, pues para la entrega de las tarjetas se emplean nombre y dirección de éstos.

Por unanimidad, los consejeros resolvieron que se trata de propaganda permitida según los criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y no, como denunciaron Morena y PRI, un mecanismo de presión al electorado prohibido por la ley.

De acuerdo a Morena con las tarjetas se oferta “un beneficio directo, mediato, en especie o efectivo” a cambio del voto pues se prometen mil 500 pesos como un ingreso básico universal mensual si gana Anaya.

El consejero Benito Nacif dijo que el caso puede ser un dilema, pero “en palabras del TEPJF (las tarjetas) son un ejercicio de presentar una plataforma y un programa de gobierno propio de las campañas y que esta forma de presentar tarjetas no compromete, no presiona, no coacciona al votante”.

“Este tipo de quejas implican un dilema entre lo que puede ser mi criterio personal, el que yo considero que debe aplicarse y que como integrante de la Comisón de Fiscalizicón y del Consejo General del INE plantee y por otro lado, el criterio que de forma reiterada la Sala Superior ha establecido”, expuso.

Las consejeras Claudia Zavala y Adriana Favela, presidenta de la Comisión, expusieron que el Tribunal ya ha resuelto con claridad que ese tipo de tarjetas están permitidas.

En cambio la consejera Pamela San Martín -quien acudió con voz pero sin voto- criticó que el partido que ahora reparte las Tarjetas se quejó de ellas en las elecciones pasadas (en Coahuila por las Tarjetas Rosa).

“Preocupa esta actuación por parte de los partidos porque el partido que difunde es el mismo que en el proceso planteó que eran prohibidas y era un mecanismo de presión al electorado…y ahora resulta que cuando ese partido es el que la emite, estas tarjetas dejan de tener las características que tenían” aunque sean iguales.

"En la medida en que se afecta la libertad en el ejercicio del sufragio son conductas que deben ser frenadas por el INE, son conductas que no abonan al adecuado desarrollo del proceso electoral”, planteó San Martín al argumentar en pro de las cautelares.

Advirtió que la libertad de expresión que se argumenta para este tipo de propaganda no justifica la libertad de coaccionar.

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