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Con críticas de que se le podría quitar bienes a ciudadanos inocentes y de que los recursos obtenidos se utilizarán discrecionalmente por el gobierno federal para programas sociales, el pleno de la Cámara de Diputados, avaló en lo general, la minuta con la que se expide la nueva Ley de Extinción de Dominio.
Después de un debate de más de dos horas y media, los legisladores de las bancadas de Morena, PAN, PRI, PT, MC, PES y Partido Verde votaron; la única bancada que votó en contra fue el PRD.
Este dictamen que tuvo más de 60 reservas por parte de los diputados y recibió 9 abstenciones de 8 de legisladores del PRI: Dulce María Sauri, Alberto Acosta, Luis Córdova, Fernando Galindo, Enrique Ochoa, Claudia Pastor, Carlos Pavón y Norma Adela Guel.
También votó en contra el diputado del PES, Ricardo de la Peña Marshal, mientras que la legisladora Adriana Teissier, también del PES, se abstuvo.
Este dictamen pasa a discutirse en lo particular artículo por artículo para tratar de modificar el proyecto.
La extinción de dominio es la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los bienes a que se refiere la propia ley, declarada por sentencia de una autoridad judicial.
Los bienes susceptibles de extinción son aquellos que sean producto o instrumento de un hecho ilícito o los que estén destinados a cometerlos.
La ley determina cuáles delitos serán susceptibles de extinción de dominio. Será el gabinete social de la Presidencia de la República quien determine el destino de los bienes extintos y se establecen a la provisión de servicios públicos, a programas sociales y políticas prioritarias.
En el caso de los recursos, productos, rendimientos, frutos y accesorios derivados, en orden de prelación, serán destinados a los gastos de administración, reparación de daño a las víctimas del delito, ejecución de programas sociales de prevención del delito, fortalecimiento de instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, conforme al Plan Nacional de Desarrollo.
