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Desde que Andrés Manuel López Obrador se convirtió en presidente, en diciembre de 2018, las Fuerzas Armadas asumieron 13 tareas adicionales a la seguridad pública en al menos cuatro áreas, entre ellas la construcción de obras, capacitación policiaca, apoyo a programas sociales, así como a la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19.
Aunque en su campaña electoral López Obrador prometió que regresarían a sus cuarteles, el Mandatario izquierdista decidió apoyarse en el Ejército y la Marina para concretar varios de sus proyectos insignia, algunos de los cuales son considerados como estratégicos.
El trabajo más reciente que se les ordenó a las Fuerzas Armadas es el control de los puertos y las aduanas, pero antes ya eran responsables de construir en Santa Lucía el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles; las 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar; dos tramos del Tren Maya; la remodelación de 32 hospitales abandonados en sexenios pasados, en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19, y también la atención de esta enfermedad.
De igual forma, se les instruyó para apoyar el combate al robo de combustible de Pemex; custodia de pipas; implementación del plan de vigilancia en las fronteras norte y sur para frenar la migración hacia Estados Unidos; la construcción de cuarteles para la Guardia Nacional; apoyo a los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro; la distribución de fertilizantes, así como la vigilancia en la entrega de los recursos de programas sociales.
Según información oficial, las Fuerzas Armadas han desplegado 61 mil 795 elementos para cumplir estas tareas específicas ordenadas por el Ejecutivo federal, sin contar los efectivos destinados para las operaciones de la construcción de la paz.
Dicha cifra es superior a los 54 mil 980 efectivos desplegados para tareas de seguridad distribuidos en el último año del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, y los 52 mil 807 utilizados en la administración federal de Felipe Calderón Hinojosa.
En las obras del aeropuerto internacional en Santa Lucía, 925 ingenieros militares y especialistas coordinan a más de 30 mil trabajadores civiles que laboran en varios frentes del proyecto, el cual se prevé concluir en marzo de 2022.
Por otro lado, para la atención del Covid-19 están trabajando 47 mil 864 elementos del Ejército y la Marina; en el plan migrante frontera norte y sur, 8 mil 850; en la protección de red de ductos de Pemex, 2 mil 966; en protección marítima y portuaria, 879 marinos; en Sembrando Vida, 205; en el Banco del Bienestar 69, y en las instalaciones de la Guardia Nacional, 37.
El aumento en las actividades que tienen el Ejército y la Marina en la vida pública del país también se ha visto reflejado en un aumento de sus recursos.
Según el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, la Secretaría de la Defena Nacional (Sedena) tiene 94 mil millones de pesos para operar este año, mientras que en 2018, el último tramo del gobierno de Enrique Peña Nieto, tuvo 81 mil 21 millones de pesos.
Por su parte, la Secretaría de Marina (Semar) en este 2020 cuenta con 33 mil millones de pesos, mientras que en el último año de gobierno de Peña Nieto tuvo 31 mil millones de pesos.
Carga de trabajo
Al presentar el Programa Sectorial (2020-2024), en junio pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) describió sus seis objetivos prioritarios y también las estrategias particulares que llevará a cabo para cumplir sus metas.
En el programa se explica, por ejemplo, cuáles son las actividades que el Ejército realizará en proyectos como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, ambos son de los más relevantes de la actual administración y con los cuales se busca promover el desarrollo social y económico de todos los mexicanos.
En Sembrando Vida, la Defensa Nacional ayudará en la producción de árboles frutales y maderables en viveros forestales militares y adecuará instalaciones para la siembra de plantas, mientras que en Jóvenes Construyendo el Futuro, la dependencia participará en la capacitación de quienes se sumen al proyecto, implementará sus propios centros de instrucción e incorporará a este programa a soldados que están haciendo su servicio militar en compañías regionales.
Asimismo, en el programa sectorial, la institución alertó que su desempeño “multifacético”, con la realización de distintas tareas, ha provocado un desgaste del recurso humano y también una afectación en la vida familiar de la tropa.
“Esta situación implica que las y los militares se encuentren disponibles para ser desplegados por periodos prolongados en las principales áreas que requieren un enfoque de mayor atención”, señala la dependencia.
Y agrega: “El incremento de estas exigencias inherentes a la vida militar ocasionan que los soldados vivan alejados de sus derechohabientes por meses, sustrayéndolos de fechas importantes en el ámbito familiar”.
Alertan consecuencias
Especialistas han advertido sobre las implicaciones de utilizar al Ejército y a la Marina en tareas que van más allá de la seguridad nacional.
Irene Tello, directora ejecutiva de Impunidad Cero, criticó que el gobierno federal delegue más responsabilidades a las Fuerzas Armadas, pues éstas no fueron capacitadas para emplearse en el ámbito de la seguridad pública, la vigilancia de los puertos o el desarrollo social. “Es muy engañoso este argumento de que las autoridades que antes se encargaban de esas actividades son muy corruptas y no confían en ellas.
“Desgraciadamente hay que reconocer que también en el Ejército se han dado prácticas de corrupción y se pueden dar prácticas de falta disciplina”, señaló.
La especialista hizo énfasis en que alargar la permanencia de los militares en las calles impide avanzar en la consolidación de instituciones civiles, además de que se pone en juego la imagen y la aceptación de la Marina y el Ejército.
Al respecto, César Gutiérrez Priego, abogado en derecho militar, consideró que al darle más tareas a estas instituciones en materia de seguridad, no se terminan por fortalecer las policías civiles.
“El problema es que al seguir utilizando a los militares de forma indiscriminada para todas las necesidades que se puedan tener, seguimos sin fuerza ni preparación y sin hacer una policía profesional civil, que es lo que nosotros necesitamos”, manifestó.
En tanto, el académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Javier Oliva Posada consideró que las tareas asignadas a las Fuerzas Armadas son una muestra de la reiterada confianza que el Ejecutivo federal tiene en estas instituciones.
En el caso de la encomienda en los puertos y aduanas, el especialista señaló que las secretarías de la Defensa Nacional y Marina deberán capacitar al personal necesario y reclutar los perfiles adecuados para cumplir con las labores asignadas. “Se trata de una nueva responsabilidad”, indicó.
