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El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, se declaró culpable de haber cometido asociación delictuosa y lavado de dinero, razón por la que un juez federal lo condenó a pasar nueve años en prisión y al pago de 58 mil 890.60 pesos de multa.
Además, el juez lo amonestó para que evite reincidir en la comisión de algún delito y le suspendió sus derechos políticos y civiles por el tiempo que dure en prisión. Ordenó el decomisó de 22 parcelas, seis inmuebles en la Ciudad de México, un terreno en el Estado de México, tres departamentos en Boca del Río, Veracruz, cuatro más en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, y seis terrenos en Cancún Quintana Roo.
Antes de dictar su fallo, el juez preguntó al ex mandatario de Veracruz si aceptaba la tramitación del procedimiento abreviado y admitía su responsabilidad en la comisión de los delitos que la PGR le imputó.
“En base a los principios de lealtad e institucionalidad que rigen mi conducta, sí su señoría”, respondió Duarte de Ochoa.
Entre los inmuebles asegurados se encuentra un predio ubicado en las Lomas de Chapultepec, en el que el ex mandatario pretendía construir su casa de retiro y tres departamentos en Santa Fe, que supuestamente fueron adquiridos para sus hijos y cuyo valor es de 45 millones 500 mil pesos cada uno.
Los ministerios públicos de la PGR no solicitaron una condena de reparación del daño, pues conforme a la ley, los delitos de los que Duarte se declaró culpable no admiten esta pena.
El juez Marco Antonio Fuerte Tapia del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte especificó que debido a que Javier Duarte aceptó llevar su procedimiento de manera abreviada, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, la pena de prisión que le impuso no podrá ser sustituida por ningún beneficio.
De los nueve años de prisión a los que fue condenado, explicó que se deberá descontar el tiempo que ha permanecido privado de su libertad; es decir que empezó a contar desde el 15 de abril del 2017, por lo que únicamente pasará en prisión siete años y medio.
Por operaciones con recursos de procedencia ilícita, el juez especificó que la multa que le impuso asciende a 300 días de salario mínimo que se pagaba en el año 2011 en el estado de Campeche, que es de 52 mil 317 pesos en total y por asociación delictuosa, los 90 días de multa fueron calculados conforme al salario del 2016 en la Ciudad de México, que en total resultaron 6 mil 573.60 pesos. En ambos casos el juez consideró los lugares en los que se consumaron los delitos.
Al término de la diligencia, el abogado Ricardo Sánchez Reyes Retana, quien encabezó la defensa del ex gobernador, afirmó que con la estrategia de solicitar un procedimiento abreviado se evitó la prolongación indefinida del juicio.
“Únicamente porque la ley procesal en vigor obliga al imputado a aceptar su responsabilidad por el delito que se le acusa, es que mi defendido admitió ser partícipe en los hechos imputados, ya que se insiste, no hay medio de prueba alguno dentro de las constancias que integran el expediente penal que acredite que algún recurso proveniente del Gobierno del estado de Veracruz hubiera ingresado al patrimonio de Duarte de Ochoa de forma ilegal”, puntualizó.
