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CDMX.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reprobó la violencia que se registró ayer en el cruce fronterizo San Ysidro-Tijuana, cuando cuerpos de seguridad de Estados Unidos lanzaron gases lacrimógenos e implementaron otras medidas contra los miembros de las caravanas migrantes que intentaban cruzar la frontera.
El organismo hizo un llamado al gobierno mexicano a fortalecer el diálogo con su contraparte estadounidense, para evitar que se presenten acciones como las de ayer, así como buscar opciones para que los migrantes puedan ejercer su derecho de asilo en la Unión Americana o ingresar de manera regular y pacífica a ese país.
Lamentó que cuerpos de seguridad fronteriza estadounidense hayan disparado gases lacrimógenos contra migrantes ubicado en territorio mexicano. Señaló que esa acción ocasionó lesiones a una adolescente que fue acompañada por la CNDH para su atención. Además, puso en riesgo a terceros ajenos a las caravanas migrantes que se encontraban en la zona, “incidente que tendrá que ser aclarado por las vías conducentes y prevenido en lo sucesivo”.
La CNDH reiteró la necesidad de que los integrantes de las diversas caravanas que cruzan México se conduzcan con respeto a las leyes mexicanas y se abstengan de ocasionar afectaciones o incurrir en conductas indebidas en las distintas comunidades por las que pasen o en las que se encuentren.
“Es importante precisar que el hecho de que el Estado mexicano actúe para proteger sus derechos, en cumplimiento a diversos compromisos internacionales que se han asumido, y se adopten medidas de atención considerando la situación de vulnerabilidad en que se encuentran, no implica un salvoconducto para infringir las leyes o causar afectaciones a personas y comunidades, por lo que cualquier persona que cometa una falta administrativa o delito deberá, en su caso, ser sancionada o procesada conforme a derecho”, enfatizó.
El organismo mencionó que continuará acompañando a las caravanas migrantes para constatar que, de conformidad con los compromisos asumidos por el Estado mexicano, las autoridades federales, estatales y municipales realicen sus actividades con pleno respeto a los derechos y dignidad de las personas en contexto de migración, a la vez que preserven y garanticen los derechos humanos de las personas y comunidades por donde transiten o se encuentran dichas movilizaciones.
