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La noche de este martes se registró un ataque al bar “Caballo Blanco”, en Coatzacoalcos, Veracruz, que dejó 25 personas muertas y, al manos, 13 personas heridas.
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, informó que se identificó a Ricardo “N”, alías “La loca”, como uno de los autores materiales del ataque al bar.
En el país no es la primera vez que se registra una tragedia en un centro nocturno.
Por la magnitud de los hechos y las víctimas, la tragedia de Coatzacoalcos nos recuerda los sucedos del 25 de agosto de 2011, donde se registró un incendio en el Casino Royale, ubicado en la zona metropolitana del Monterrey, Nuevo León, provocado presuntamente por integrantes de Los Zetas, que dejó 52 muertos y 11 heridos.
Los hechos se registraron en medio de la guerra contra el crimen organizado.
En el incendio murieron 17 trabajadores del casino, pero en los procesos jurídicos sólo se considera a 11.
Terrorismo y delincuencia organizada formaron parte de los delitos que investigó la entonces Procuraduría General de la República (PGR) ante el atentado, incluso se ofreció una recompensa de 30 millones de pesos a quien colaborara para detener a quienes planearon y ejecutaron el ataque.
El entonces presidente, Felipe Calderón calificó de "verdaderos terroristas"a quienes de manera premeditada y con alevosía, dijo, prendieron fuego a un casino en Monterrey donde murieron personas.
"Es evidente que no estamos enfrentando a delincuentes comunes, estamos enfrentando a verdaderos terroristas que han rebasado todos los límites no sólo de la ley sino del elemental sentido común y de respeto a la vida".
"No se trató de un accidente, sino de un homicidio brutal e incalificable. Estamos hablando de criminales que de manera artera con premeditación, alevosía y ventaja llegaron al lugar, amagaron a las personas que ahí se encontraban, y prendieron fuego sin más a esas instalaciones, homicidas incendiarios y verdaderos terroristas sobre quienes debe de caer todo el peso de la ley", dijo.
Por los hechos, hay 17 personas en prisión, pero solo cuatro han sido sentenciadas por el caso; continúa abierta la investigación para determinar la probable responsabilidad de exfuncionarios estatales y municipales por omisión.
Hace unas semanas, los familiares de las personas fallecidas denunciaron que han padecido años de olvido, revictimización y ser ignorados por autoridades de los tres niveles de gobierno.
Añadieron que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ni siquiera recibía sus llamadas, pese a que prometieron que en la semana del 11 al 17 de agosto quedaría resuelta la reparación integral de daños para los deudos de las víctimas mortales.
