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Como “un ataque político cobarde y sin fundamentos”, calificó el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, a las órdenes de aprehensión que hay en su contra y en la de su familia.
Advirtió que en ningún momento, como funcionario público, ni él ni su familia recibieron dinero alguno de empresas o personas, por lo que negó “cualquier acusación de corrupción”.
“A mi madre (Gilda Austin) se le acusa de que haya recibido dinero de alguna cuenta mía antes de que yo fuera funcionario público, ¿qué clase de delito es ese? Además de los delitos que se nos imputan no ameritan prisión preventiva en México, pero a pesar de eso el gobierno le mintió o se coludió con un juez en México para generar órdenes de aprehensión”, dijo el exfuncionario.
Las declaraciones se desprenden de un cuestionario que contestó, a través de su abogado, Javier Coello, al diario alemán Süddeutsche Zeitung y el medio suizo Tamedia, como parte de una investigación periodística realizada en conjunto con Quinto Elemento, Laboratorio de Investigación e Innovación Periodística.
Es la primera vez que Lozoya responde a medios de comunicación, desde que las autoridades giraron dos órdenes de aprehensión en su contra. Las respuestas las ofrece desde una locación no identificada.
Coello entregó las respuestas el pasado sábado 27 de julio, tres días después de la captura de Gilda Austin, en una isla al norte de Alemania.
A través de nueve preguntas que se le hicieron, Lozoya advirtió que las inversiones en las empresas, ELMO y ALLME, son inversiones inmobiliarias que declaró ante la “Secretaría de la Función Pública cada año, mientras fui funcionario público. Todas producto de mi trabajo empresarial antes de ser funcionario público”.
Rechazó “categóricamente los supuestos dichos” de funcionarios de la empresa brasileña Odebrecht, de haberlo sobornado. Advirtió que “a cambio de sentencias reducidas pueden haber inventado lo que les convenía. Por motivos profesionales los conocí, como a las principales empresas de la región, antes de ser funcionario público”.
Sobre la compra de la planta de fertilizante a sobreprecio, el abogado Javier Coello, indicó que “la acusación sobre el sobreprecio no tiene sustento. Mi cliente nunca participó en los comités de aprobación de dicha transacción, ya que anualmente representaba menos del 1% del monto total a invertir”.
En tanto, Lozoya agregó que “el problema real es que desde que salí de Pemex, mis sucesores y la actual administración han propiciado una caída de más de 30% en la producción de gas en el país, por decisiones propias y erróneas, intentar culpar a alguien cuatro años después es absurdo”.
En la publicación, Lozoya rompe el silencio y habla sobre la compra de su casa en la Ciudad de México, por 2.58 millones de francos suizos a través de la empresa offshore Tochos Holding, y la adquisición de una residencia en la costa pacífico de México a través de un abogado que trabajaba para Altos Hornos, reitera que “todo el dinero que se usó han sido producto de actividad empresarial de años de trabajo antes de ser funcionario público".
Lozoya es investigado por asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho ligados con la trama de Odebrecht.
Süddeutsche Zeitung, Tamedia y Quinto Elemento Lab publicaron que Lozoya y su familia tienen intereses empresariales y financieros en Alemania y Suiza, y las autoridades europeas están iniciando investigaciones.
